La reciente cuenta pública de la Corte de Apelaciones de Chillán no solo entregó cifras. Aportó, sobre todo, un mensaje: la justicia en Ñuble está trabajando al límite de su capacidad estructural. Y pese al esfuerzo humano y profesional desplegado, la región continúa esperando una decisión largamente postergada: la creación definitiva de una segunda sala permanente.
El balance 2025, encabezado por el ministro Guillermo Arcos Salinas, confirma una tendencia sostenida al alza. Se dictaron 5.398 sentencias en el año y los ingresos crecieron con fuerza en materias sensibles para la ciudadanía: los recursos de protección aumentaron un 61,14%, los de amparo un 49,6%, el contencioso administrativo un 35,2%, y también subieron significativamente las causas laborales, penales y de Policía Local. No se trata de cifras abstractas: detrás de cada número hay derechos fundamentales en juego, conflictos familiares, despidos, libertades individuales y decisiones que impactan la vida cotidiana de miles de personas.
El funcionamiento de la segunda sala extraordinaria, de cuatro días a la semana, con apoyo de relatores interinos y abogados integrantes, permitió revisar 3.425 causas, un 21,41% más que el año anterior. Ya en 2024 se había constatado un aumento del 18% en causas vistas gracias a este refuerzo. La evidencia es contundente: cuando la sala opera, la respuesta mejora. Cuando no existe de manera estable, el sistema se tensiona.
Resulta difícil comprender que, habiendo sido creada en 1937 para una provincia que no superaba los 50 mil habitantes, la Corte mantenga hoy una sola sala permanente para una región que bordea los 500 mil habitantes y que, además, asumió nuevas competencias tras la creación de Ñuble como región: materias tributarias, justicia electoral y otras reclamaciones que antes se resolvían fuera del territorio.
La comparación regional es inevitable. Ciudades de tamaño similar cuentan con estructuras superiores: Talca y Rancagua tienen tres salas; Valdivia y La Serena, dos. Chillán, en cambio, sigue funcionando con una arquitectura institucional pensada para otra época.
No se trata de una demanda corporativa del mundo jurídico. Es una cuestión de acceso a la justicia. Una segunda sala permanente significa procesos más expeditos, mayor transparencia, menor congestión y tiempos de respuesta acordes a las necesidades actuales. Significa, también, fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes, área que registró 5.723 ingresos de medidas de protección.
La autorización para que la sala extraordinaria opere durante 2026 es una buena noticia, pero insuficiente. Ñuble no puede seguir dependiendo de soluciones transitorias para un problema estructural. La creación de la segunda sala permanente debió haber acompañado el nacimiento de la región. No ocurrió entonces; no debería volver a postergarse ahora.
Si la justicia es uno de los pilares del Estado de Derecho, su infraestructura debe crecer al ritmo de la sociedad que sirve. Los números ya hablaron. Ahora corresponde que las autoridades escuchen y actúen.
