Okupas. Un concepto que hasta hace unos años no era muy conocido en Chile –menos aún en Ñuble- hoy es sinónimo de angustia y miedo entre los sectores residenciales de la ciudad.
En estricto rigor, el nombre hoy dejó de representar a la manifestación original de grupos anarquistas quienes, negando la existencia de la propiedad privada, se tomaban casas abandonadas, para ser un sinónimo generalizado de quien se toma una vivienda de manera ilegal o bien, deja de cumplir con los contratos de arriendo y se queda allí sin pagar.
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Y en Chillán, los casos se han ido multiplicando sin que haya una sola entidad capaz de cuantificarlos, debido a que por ser conflictos entre privados (en la mayoría de los casos) ni Carabineros ni la Municipalidad tienen herramientas legales para intervenir. En la otra vereda, están los que aún reflejan en el espíritu okupa, pero en una versión menos filosófica, sino más de rebeldía, y de esos casos, el menos en Chillán, se han contabilizado cinco puntos este año.
“Hemos tenido casos protagonizados por personas que están en situación de calle, de mucha vulnerabilidad y que están en la ciudad sólo de paso, como el que intervenimos en una propiedad municipal ubicada en Itata con Claudio Arrau, ya que tuvimos la fortuna de que ellos se dejaron ayudar por nosotros”, comentó Soraya Martínez, directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), de la Municipalidad de Chillán.
Otros casos se han “mapeado” en la Avenida O’Higgins, en la intersección de Brasil con Ecuador; otra en la escuela dormitorioen calle Palermo; a un costado de un consultorio de salud en calle Libertad, “y otros casos que se vieron en el Paseo Aragón, donde incluso hubo un momento en que se registraron casi 10 intentos de tomas de unas casas sin moradores, pero que pudieron ser desalojados, aunque tenemos información de que ha habido constantes nuevos intentos”, añade.
Lamentablemente, en algunos de esos ejemplos, la solución no la otorga una buena oferta de la Dideco por ayudar o reubicar. “Muchos de esos jóvenes actúan por rebeldía y piensan que conversar con nosotros, dejarse ayudar por nosotros es como venderse al sistema y ellos se conciben a sí mismos como antisistema, por lo tanto no es mucho lo que podemos hacer”, aclaró.
Otra gran diferencia con los primeros okupa aparecidos en Europa (Squatters, Inglaterra) a mediados de los 80, es que los que hoy se han tomado estas casas no guardan intenciones culturales, de debates políticos ni siquiera como una manifestación de protesta ante las políticas de vivienda ineficientes. “Hay denuncias de asaltos, ruidos molestos, robos en patios de las casas cercanas, peleas en la calle, amenazas a quienes se niegan a darles dinero, suciedad y presencia de perros vagos”, explica Cecilia Henríquez, presidenta de la Unión Comunal de las Juntas de Vecinos de Chillán.
Admitió que “siempre hubo problemas por arrendatarios que ni pagaban ni se iban. Pero hoy lo que hay es miedo, en especial por parte de esas personas que viven cerca de predios o casas abandonadas, no pueden ubicar a sus dueños y ven que aparecen carpas o gente durmiendo al interior”.
Muy poco por hacer
El 70% de los casos de ocupación ilegal de viviendas denunciados en Chile se concentran en la Región de Tarapacá.
Lo de Ñuble es incipiente, “pero el cáncer hay que combatirlo en la fase 1, no cuando ya está avanzado”, apuntó el concejal Rodrigo Ramírez, quien junto a la edil Quenne Aitken, plantearon la necesidad de realizar una mesa de trabajo para buscar a los dueños de los predios tomados y lograr por la vía judicial, su desalojo.
Sin embargo, no se ve fácil la solución.
Mientras el abogado Carlos Ruiz, exjefe de Extranjería en la exGobernación de Ñuble, dice que “hay un fenómeno migratorio que hace que la situación se proyecte muy riesgosa, como ya lo vimos en otros países, donde se hizo insostenible”, para el abogado penalista, Rodrigo Vera Lama, la actual ley solo versa sobre arrendatarios morosos y además genera vacíos legales ante ocupación ilegal.
“Este vacío consiste en que si tú no haces, como propietario, una denuncia antes de 12 horas de tomada tu casa, se pierde la flagrancia, y Carabineros no puede hacer uso de la fuerza. Entonces tendrías que hacer una denuncia por usurpación en la Fiscalía y eso ya es un trámite lento, seguido por un proceso que puede tomar meses”, advirtió.
Peor aún cuando no hay dueño ubicable. No habría cómo acreditar el delito y solo a través de un proceso, aún más largo por la vía civil, podría lograrse un pronunciamiento judicial.
“Sinceramente, el panorama asoma oscuro en las actuales condiciones, pero si no se modifican las leyes, si no se actualizan ante la realidad actual, los afectados -que muchas veces son los vecinos y no los dueños- quedan totalmente desamparados”
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