Mediante una declaración pública emitida ayer, la empresa Itelecom Holding SpA expuso su preocupación por el daño patrimonial y a sus trabajadores, debido a las investigaciones que el Ministerio Público lleva en contra de un socio y de un ejecutivo de la firma que se había adjudicado el recambio de las luminarias de Chillán por $3.200 millones.
En una declaración pública emitida ayer desde sus oficinas en Santiago, la compañía expresa que “en el curso de la investigación se nos ha hecho aparecer como si Itelecom fuera un entramado de empresas creadas con el único objetivo de defraudar municipios, sobornar personas y lavar activos. Eso es totalmente falso. Somos una empresa real, con trabajadores y obras reales, orgullosa de su compromiso con el alumbrado público del país que ha instalado más de 180 mil luminarias de alta eficiencia energética en 70 municipios”.
En el documento, la empresa que tiene 18 años de trayectoria en el campo de la eficiencia energética advierte que sus recursos financieros se encuentran congelados producto de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
“Los montos congelados no guardan ninguna relación con el monto de los contratos objeto de investigación. Estas medidas han afectado gravemente la capacidad de Itelecom de cumplir sus compromisos con sus trabajadores, proveedores, acreedores, y la comunidad en general. Estas medidas son absolutamente desproporcionadas y dañan a Itelecom y a todos los que se relacionan con ella; y de mantenerse, conducirían irremediable en el corto plazo al colapso financiero de la compañía, la destrucción de cientos de empleos y a la incapacidad de que podamos seguir ocupándonos de la iluminación de las comunas a las cuales proporcionamos servicios”, señalaron.
Desde la firma enfatizaron que están comprometidos con la investigación y disponibles a colaborar para que se aclaren cualquier tipo de irregularidades o eventual delito. “Ninguna investigación judicial en curso y en la que no se han determinado responsabilidades por parte de los tribunales, puede asfixiar e incluso llevar a la quiebra a una compañía, que está, además, comprometida a cumplir con sus clientes, trabajadores y proveedores”, recalcan.
Como se recordara, uno de los socios de Itelecom, Marcelo Lefort y los abogados Marcelo Campos, juez de Policía Local de Pemuco y asesor del municipio de Chillán, y Ricardo Vallejos, administrador municipal de Chillán, se encuentran presos desde mayo, formalizados por delitos de lavado de activos, cohecho y violación de secreto en torno a la licitación de luminarias LED para la ciudad de Chillán, donde fue elegida Itelecom que hizo una oferta por $3.200 millones, pese a que otras empresas presentaron posturas más bajas. De hecho, la investigación se originó en una denuncia de la firma francesa Engie, que ofertó $2.300 por el polémico contrato.
