Isabel Allende concurrió este martes hasta el Senado para despedirse tras haber sido destituida por el Tribunal Constitucional, debido a la fallida venta al Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, lo que tenía impedido por su condición de parlamentaria.
Según describió radio Cooperativa, en un emotivo y largo discurso, quien fuera parlamentaria por más de 30 años expresó que el fallo “causa dolor e injusticia”. Y también apuntó al Gobierno, pues aseguró que nunca alguien le advirtió que había una inhabilidad para que se celebrara el contrato.
“Como siempre en nuestro país los fallos judiciales se acatan, pero acatar no significa guardar silencio y callar el profundo dolor y la injusticia que este fallo causan”, enfatizó.
Y en una suerte de autocrítica reconoció que “como parlamentaria de larga trayectoria debí conocer el artículo 60 de la Constitución. No rehuyo mi responsabilidad, pero no soy abogada. Jamás he tenido contrato alguno con el Estado, y no tengo y nunca he tenido una empresa, y ante todo actué confiando en la institucionalidad”.
“¿Se imaginan ustedes que habría puesto en riesgo más de 30 años de servicio público, de lucha democrática, si hubiese tenido conciencia de estar infligiendo supuestamente una norma constitucional? ¿Realmente alguien cree que había actuado con dolo, sabiendo que ponía en juego mi historia y mi dignidad política? Confié plenamente en los órganos encargados de llevar adelante la adquisición de la casa familiar”, agregó.
“Compartimos la idea de transformar las casas de los dos expresidentes, Salvador Allende y Patricio Aylwin, en casas museo, espacios de memoria. Son parte de nuestro patrimonio. La memoria se cuida y se honra. La casa de Guardia Vieja guarda momentos históricos. Varias veces hemos abierto voluntariamente la casa en el Día del Patrimonio y con mucho interés de la gente por conocerla”, expuso.
Y detalló que “una vez tomada la decisión presidencial, se aprobó la partida correspondiente en la Ley de Presupuestos de 2023 en este Parlamento, desde ahí, actuamos como corresponde siguiendo paso a paso las indicaciones que nos entregó el Gobierno. Quizá mi error fue el no haber consultado más, pero en ningún momento, y quiero repetirlo, en ningún momento, ningún ministerio, ningún funcionario, ninguna autoridad involucrada nos admitió o recordó que existía una posible inactividad constitucional”, planteó.
