Chillán adolece de muchas cosas, como por ejemplo de una adecuada conectividad vial, de parques y áreas verdes y también de infraestructura pública para la justicia. Y también, como en muchas cosas, en este último tema se constata una realidad binaria entre dos importantes eslabones de la cadena: la administración y la reclusión y rehabilitación.
Ciertamente, el proyecto que significó una inversión de 20 mil millones de pesos y dota a la ciudad de un centro de justicia en Vega de Saldías con Yerbas Buenas, que albergará a la Corte de Apelaciones, al Juzgado Civil y al Tribunal de Familia, con una dotación total de 98 personas, entre ministros, jueces, fiscales y funcionarios, solo puede ser recibido con beneplácito por los chillanejos. Y no se trata solo de dos modernos edificios, sino que de una concepción integradora de la justicia, que busca reunir en un espacio al mayor número de organismos judiciales, tal como se ha hecho en otras ciudades, donde se ha entendido que la sinergia que produce la concentración de actividades vinculadas no sólo favorece a los usuarios del sistema, sino que también permite aprovechar distintas ventajas, como las economías de escala. Ahora bien, en este caso era más factible lograr esta integración, puesto que las tres entidades dependen del Poder Judicial.
Sin embargo, a pocos metros del futuro centro de justicia se emplaza la cárcel de Chillán, un edificio dependiente del Ministerio de Justicia, muy deteriorado y superado en su capacidad, cuyas deficiencias estructurales impiden el desarrollo de programas de educación y formación laboral para una posterior rehabilitación. Es la otra cara de la justicia, donde el sistema penitenciario es el eterno pariente pobre. Entretanto, las autoridades de los cuatro últimos gobiernos, que no desconocen la situación, solo atinaron a formular promesas de sacar la cárcel del centro de Chillán y soluciones parciales que poco han contribuido a reparar esta grave deficiencia.
Desde el terremoto de 2010 y la posterior fuga de presos e incendio de toda la cuadra del penal -incluidas varias casas particulares- han abundado las propuestas bienintencionadas, pero los hechos concretos brillan por su ausencia y, en especial, sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión de la cárcel que la nueva región de Ñuble necesita.
Hay que insistir en que la reinserción no es ninguna medida de gracia o extraordinaria. Todo el sistema de tratamiento penitenciario debe tener como objetivo la progresión del recluso hacia la vida en libertad. Si la justicia no pretende que la cárcel tenga exclusivamente un carácter punitivo, tiene que buscar la recuperación del delincuente para la sociedad. Así está consagrado en nuestra Constitución Política.
En síntesis, el centro de justicia que comenzará a operar el segundo semestre de este año será un positivo aporte para la ciudad y debe valorarse como tal, pero la administración de justicia en Chillán y la Región no estará completa si el tema de la cárcel no es abordado con la urgencia y seriedad que amerita.
