El rápido crecimiento del número de vehículos en circulación en la Región de Ñuble, no ha sido acompañado por las necesarias inversiones en la red de caminos y carreteras. Esta mora se advierte claramente en el deterioro del mantenimiento y en el aumento de los accidentes en rutas que no responden ni en capacidad ni en diseño a un tráfico que las supera. De hecho, todas las principales rutas de Ñuble aún permanecen como vías de solo dos carriles, usadas intensamente no solo por automóviles, sino también por un tránsito de carga que ha crecido fuertemente en consonancia con la producción forestal y agrícola.
La ruta N-50 encabeza el ranking de personas fallecidas. Con un total de 60 decesos en una década y una cifra indeterminada de lesionados que escriben un capítulo aparte de la estadística policial y que en muchos casos afectan a personas que terminan con limitaciones de por vida y costosos tratamientos.
El camino que va desde Cocharcas a Quirihue tiene un alto tráfico de camiones, sectores muy deteriorados y con peligrosos baches, muy pocas bahías para los buses y casi no existen bermas. Adicionalmente, su señalética es mala y la iluminación deficiente, pese a que atraviesa muchas zonas pobladas como San Nicolás, Ninhue, Quirihue y decenas de comunidades.
Lo hemos reiterado desde esta columna: Ñuble sufre desde hace décadas a costa de un modelo donde la rentabilidad social de las inversiones fiscales ha sido un concepto vacío y en no pocas ocasiones, la excusa para centralizar el gasto público en los territorios donde hay más votos. Eso es quizás lo más lamentable: que se trata de un esquema reconocidamente injusto, pero nada se hace por cambiarlo.
La Región de Ñuble nació con una red de caminos que muestra un gran atraso. En 2018 las vías pavimentadas no superaban el 21% del total y pese a que se convirtió en una prioridad de los tres últimos años, los avances han sido lentos y sus efectos marginales ante la magnitud del déficit. La orientación del gasto regional en esta materia es algo que merece destacarse, no así las decisiones centralizadas y menos la vacía promesa del Plan Ñuble, tanto para focalizar adecuadamente los recursos en obras que son prioritarias, como para implementar un mecanismo que permita financiar de manera permanente las obras viales en las redes secundarias de las provincias de Itata, Punilla y Diguillín.
El atraso que hoy tenemos mucho tiene que ver con el sistema de inversión caminera dependiente de las partidas presupuestarias que anualmente se asignan. Se requiere, en consecuencia, una reforma legal que obligue al gobierno central a una distribución preestablecida en función del atraso que registran los territorios.
Sería un buen motivo para algún candidato o candidata presidencial impulsar un nuevo enfoque que tienda a emparejar la cancha, priorizando a los que tienen menos y terminando con un modelo centralista de la inversión en obras públicas, que a Ñuble poco y nada ha favorecido.
Contar con una red de caminos segura, que acompañe el desarrollo que todos los habitantes de la región merecen, es otra de las cuestiones que reclama un cambio urgente que las autoridades deben encarar.
