Uno de los primeros gestos del nuevo gobierno ha sido intentar abordar un problema que se ha vuelto cada vez más evidente para la economía chilena: la excesiva lentitud en la tramitación de proyectos de inversión. El decreto firmado en el primer día de mandato por el Presidente José Antonio Kast, que busca destrabar 51 iniciativas que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada, apunta precisamente a ese nudo crítico que ha frenado el dinamismo económico del país.
La medida fija plazos concretos para resolver recursos administrativos pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA): un máximo de 90 días hábiles para los recursos vencidos en la Dirección Ejecutiva, 60 días para aquellos que están en el Comité de Ministros y 30 días para nuevas reclamaciones. Se trata de una señal política clara frente a lo que se ha denominado “permisología”, fenómeno que ha terminado extendiendo por años procesos administrativos que, en teoría, ya cuentan con evaluaciones técnicas concluidas.
En total, los 51 proyectos suman inversiones por cerca de 16 mil millones de dólares, recursos que, de materializarse, pueden tener un impacto relevante en la reactivación económica, la generación de empleo y la dinamización de los territorios. En el caso de Ñuble, la iniciativa que aparece en este listado es el parque eólico Parque Eólico Los Coihues, que contempla una inversión cercana a los 470 millones de dólares y la instalación de 47 aerogeneradores, además de una línea de transmisión de 30,8 kilómetros hasta la subestación Entre Ríos, en Pemuco.
Su aprobación ambiental se concretó en agosto de 2025 por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental regional. Sin embargo, diversos recursos administrativos presentados posteriormente han mantenido el proyecto en suspenso. El nuevo decreto apunta justamente a que ese tipo de situaciones no se prolongue indefinidamente.
La reacción en el mundo productivo ha sido mayoritariamente positiva. No se trata de pasar por alto las exigencias ambientales ni de relativizar la participación de las comunidades, sino de otorgar certezas respecto de los tiempos del Estado. En otras palabras, si un proyecto cumple con las normas y supera los procesos de evaluación establecidos por la institucionalidad, lo razonable es que pueda avanzar dentro de plazos definidos y previsibles.
En regiones como Ñuble, donde la cartera de inversiones es más acotada que en zonas mineras o industriales del país, cada iniciativa cuenta. La economía regional depende, en gran medida, de una suma de proyectos medianos o incluso pequeños en áreas como energía, agroindustria, vivienda o infraestructura habilitante. Cuando estos se retrasan por años en trámites administrativos, las consecuencias se traducen en menor empleo, menor actividad económica y menos oportunidades de desarrollo local.
Por ello, acelerar los procesos burocráticos es una medida que apunta en la dirección correcta. Chile necesita recuperar dinamismo económico, y para ello es fundamental que el aparato estatal funcione con mayor eficiencia.
Sin embargo, esta agilidad debe sostenerse siempre sobre un principio irrenunciable: el respeto irrestricto a la ley, al medio ambiente y a las comunidades. La certeza jurídica no solo beneficia a los inversionistas, sino también a los ciudadanos, que requieren instituciones confiables, procesos transparentes y decisiones bien fundamentadas.
Reducir los tiempos de tramitación no puede significar debilitar los estándares ambientales ni acotar la participación social. Por el contrario, el desafío del Estado es demostrar que es capaz de hacer ambas cosas a la vez: evaluar con rigor, pero también decidir con oportunidad.
