La pequeña Lucienne, de solo tres años, caminaba sola por el interior de la multicancha del internado del Liceo de San Nicolás. Era, como todas esas canchas, de cemento, con impecables líneas blancas que marcaban sus límites y áreas, rematando con dos arcos equipados con sus respectivas redes.
Pero la niña no contaba con una pelota para darle sentido a la cancha, deambulaba sola sin nadie con quien jugar, ni tampoco parecía saber en qué consiste el fútbol.
Además, por ser haitiana, sus limitaciones idiomáticas le impedían pedir colaboración. No le quedaba sino moverse de allá para acá y haciendo remolinos con sus brazos o dando algunos saltos poco entusiastas dentro de ese rectángulo que, hasta donde ella entendía, servía para jugar.
Sus padres que conversaban a un costado, y el resto de sus compatriotas que clasificaban la ropa que la Municipalidad les había recolectado o veían la película de Mario Bros en el comedor del internado, no estaban más orientados que ella.
Hace unos meses, el desborde del río Ñuble se llevó todos los enseres que tenían en esas casas que habían construido en la ribera.
Las construyeron, porque un lugareño “que se aprovechó de los desconocimientos de estas personas les vendió en un millón doscientos cada uno de esos terrenos, pese a que son predios que corresponden a Bienes Nacionales, por lo tanto, bienes de uso público”, acusó el alcalde, Víctor Hato Rice.
La pelota tampoco está en su poder. La mayoría de ellos son inmigrantes irregulares, por lo que el Gobierno no puede disponer de ningún tipo de subsidios, programas de ayudas sociales ni bono alguno, por lo que en estricto rigor, no tienen a quién acudir, porque en estricto rigor, para el Estado no existen.
Ignorando las reglas del juego, van todos los días a sus dañadas casas para limpiarlas, tratar de repararlas y dejarlas aptas para un retorno que, en teoría, tampoco va a ocurrir. “Pronto empezarán las clases y yo tengo que desalojar el internado a lo menos cinco días antes que lleguen los alumnos. Ellos no pueden quedarse y lo otro que está claro es que no van a poder volver a esas casas”, advirtió el jefe comunal.
Como si fuera poco, este partido sin pelotas, ni reglas ni compañeros de equipo, tampoco tenía árbitro: Mientras en Bienes Nacionales aseguran que si bien esos predios ésta registrados a esa cartera, son de administración municipal.
“Eso es lo que dicen ellos”, replica el alcalde Rice, y añade que “si usted mira el Plan Regulador, dice claro que son terrenos de Bienes Nacionales y nosotros como Municipalidad no tenemos injerencia. No tenemos las facultades legales para hacer desalojos, eso lo debe hacer Carabineros y bajo la orden de la Delegación Presidencial, nunca los alcaldes han tenido las facultades para pedir desalojos de personas”, advirtió.
Y este es el escenario que trajeron las crecidas de los ríos de la zona Centro-Sur de Chile.
Demostraron que los criterios para los planes reguladores en muchas de las ciudades del valle central, contemplaron factores de riesgos naturales, no existen los mapas de inundaciones (insólito en un país como le nuestro); han demostrado que “los llamados” a no construir, comprar o vender loteos irregulares no han surtido efecto y que la inmigración ilícita ante una falta de políticas eficientes se ha ido autorregulando, buscándose en el paspartú del mapa.
“Pero las crecidas de agua en el país son cíclicas, y es probable que haya cada vez más, como habrá también cada vez más incendios forestales y sin duda que las personas que se van a ver más afectadas son quienes viven en la pobreza”, advirtió Octavio Rojas, académico investigador del Centro EULA, de la Universidad de Concepción.
Crecidas, loteos brujos y los PRC
El catastro de 2019 realizado por la entonces Intendencia de Ñuble, cifraba en 45 los loteos brujos asentados en un total de 344 hectáreas en la región.
Pese a las iniciativas legales para facilitar las regularizaciones de terrenos que ha promovido el Gobierno y a unos pocos (pero celebrados) fallos judiciales que han frenado la venta de loteos sin regularizar, en nuestra región, poco y nada se ha sabido de loteos brujos erradicados.
“Hoy no tenemos un catastro preciso, pero lo claro es que hay al menos uno de estos loteos en cada una de nuestras 21 comunas”, advierte el seremi de Bienes Nacionales, Rodrigo Baeza.
“Lamentablemente, en Chile hay un problema de planificación territorial, porque aunque se cuentan con herramientas legales o normativas sectoriales, ordenazas, planos reguladores comunales (PRC). Todas éstas apuntan a que las fiscalizaciones corresponden a las direcciones de Obras Municipales, mientras que Bienes Nacionales se encarga de la aplicación del Decreto Ley 26.095n que dice relación con la posesión de la pequeña propiedad raíz, que es básicamente la regularización de los títulos de dominio”, detalla.
Pero la realidad no va muy de la mano, y así lo admite el seremi, quien está consciente a que ya no se puede argumentar ignorancia de la ley, por lo que la mayoría de quienes venden y compran saben que están realizando un negocio al margen de la ley, porque las capacidades de fiscalizar siempre son débiles, porque no ha habido en el país más de dos o tres órdenes de demolición por edificar irregularmente, y porque aunque se advierta que no se puede heredad ni vender este tipo de propiedades, se venden y se heredan. Al margen de la ley, pero se hace.
“Yo creo que se debe entregar mayores atribuciones a las direcciones de Obras Municipales, pero es muy impopular para un alcalde llegar y empezar a destruir casas”.
Por otra parte apunta que “la política de desarrollo urbano data apenas desde el 2011, que fue cuando este tema empezó a preocupar. Contraloría se encuentra en estos momentos haciendo un catastro de los loteos irregulares que hay en la región”.
En el caso de los damnificados por los incendios de febrero o las crecidas de junio, tampoco encontrarán respuestas en el Minvu.
“No estamos involucrados en esos loteos porque ellos se saltan las normativas completamente, ellos hacen deslindes a través de algunos cercos y tratan de regularizar por Bienes Nacionales, pero es ahí donde aparece el Minvu para fiscalizar que cumplan con los requerimientos”, explica el seremi del ramo, Antonio Marchant.
El ingeniero, quien visitó el loteo de la ribera del puente Ñuble, dice haberse sorprendido por la tabiquería, los radieres y hasta por las conexiones eléctricas. “Sin embargo, ellos no solo son víctimas de una venta en loteo irregular, sino que son en su mayoría extranjeros de Haití, Perú o Venezuela, quienes creen que son legítimos dueños de esos sitios, pero la verdad es que al parecer, fueron víctimas de una estafa”.
No hay mapas de inundaciones
El investigador de la UdeC, Octavio Paz explica que en el tema de la regulación de suelos, “hay dos problemas que veo en términos de planificación, y uno es la velocidad de actualización de los planes reguladores comunales, que son demasiado lentos y no van acordes a los cambios ambientales al interior de las cuencas ni de los cambios del punto de vista urbano, porque muchas veces se generan asentamientos espontáneos en las zonas rurales que luego terminan siendo incorporados a los sectores urbanos”.
Como segundo punto, observa que “cuando se empezó a discutir el tema de las parcelaciones, el criterio era la protección del suelo agrícola, pero no se consideraron los sectores con factores de riesgos que era donde se empezaron a asentar las personas, de hecho prácticamente no existen los mapas de peligros de inundación ni de las zonas de peligro, tampoco dentro de los sectores urbanos que sí cuentan con instrumentos de planificación”.
Lo anterior es clave para entender hasta dónde puede llegar el caudal de un río en caso de desbordes o una crecida. Por otro lado “la información de los caudales, desde mucho tiempo hacia atrás, están disponibles. En Europa, eso ya lo tienen estudiado desde hace mucho tiempo, y por eso ellos no tienen estos problemas”, advierte.
Por otra parte, cuando se cuenta con estos mapas, “el estudio de riesgos no termina siendo vinculante con el instrumento de calificación territorial, por lo tanto, las áreas que se incorporan corresponden a una decisión política más que técnica y eso es algo mucho más profundo y lesiona la capacidad preventiva que los gobiernos pueden llegar a tener”.
Volviendo a San Nicolás y entrando al internado, vemos a don Mario Salazar, un maulino de 71 años que hace unos años, dejó su oficio de leñador para venirse a Ñuble y vivir cerca de sus hijos.
De hecho, sus hijas, quienes viven en el mismo campamento, fueron quienes lograron entrar a su casa de 3 por 6 y lo sacaron con lo puesto. Perdió un televisor que le costó 80 mil pesos (de segunda mano) electrodomésticos y sus dos desbrozadoras que le servían para hacer algo de dinero.
Sin saber qué hará cuando deba salir del internado, dice que “me quiero volver a mi casa, pero dicen ahora que esos terrenos son del Estado y que parece que la persona que nos vendió, nos engañó…¿Usted sabe si nos van a dar un bono?”
