Señor Director:
Los casos de los municipios de San Ignacio, Graneros y el conocido caso LED de Chillán, deben necesariamente llevarnos a incrementar la intensidad del debate público y a ser muy enérgicos ante cualquier atisbo de corrupción.
Primero, destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Policía de Investigaciones y del Poder Judicial, que en el primer caso
han detenido a imputados por presuntos casos de cohecho y soborno, principalmente. Pero en mi condición de concejal
de la capital regional de Ñuble, me permito aportar con una reflexión sobre un déficit que tenemos en la institucionalidad al momento de enfrentar este tipo de casos: cómo se sigue la ruta del dinero, del patrimonio acumulado por
inescrupulosos y de documentos tributarios que muchas veces no son fidedignos o ideológicamente falsos.
Tanto en el caso LED como en el de San Ignacio, hay dos empresarios que presuntamente cometieron el delito de
soborno, y es en esos casos donde el Servicio de Impuestos Internos, bancos y toda la red pública-privada debe trabajar
de forma coordinada. Si la ley no lo permite del todo, la ley se debe perfeccionar. Pero la evidencia comparada en este
tipo de casos es que se presentan situaciones de patrimonios abultados por años, sin ninguna fiscalización y después de
destaparse los casos, desde el punto de vista del patrimonio acumulado, ya no hay nada que hacer. Creo que al menos
en el caso de San Ignacio, el Servicio de Impuestos Internos tiene mucho que decir. Esperamos que exista la suficiente
coordinación con el Poder Judicial y la Fiscalía.
Rodrigo Ramírez Soto, Concejal de Chillán
