La Fiscalía Regional de Ñuble resolvió abrir una investigación penal para determinar las responsabilidades que se deriven del bloqueo de las rutas de acceso a las comunas de Quirihue y Coelemu, ayer en la noche, que fueron encabezados por los respectivos alcaldes Richard Irribarra y Alejandro Pedreros, para impedir el ingreso a hospitales comunitarios de la red de salud a ocho adultos mayores provenientes de Bulnes, quienes debían cumplir cuarentena por haber estado en contacto con una persona contagiada con coronavirus en un centro de larga estadía (Eleam).
El recinto debió se sanitizado, por lo que los residentes fueron llevados a casas de familiares. Esto no se pudo con los ocho adultos mayores, seis mujeres y dos hombres, que fueron derivados a los hospitales comunitarios de Quirihue y Coelemu para que pasarán allí su cuarentena preventiva.
Los hechos desencadenados por los jefes comunales, que lideraron el cierre de acceso de las rutas con vehículos municipales, según denunció el intendente Martín Arrau, amparándose en lo que ellos declararon como la “necesidad de proteger a su población contra el Covid-19, fueron rechazados por autoridades locales, regionales y nacionales, de tal manera que el intendente Martín Arrau anunció acciones legales que se sumarán a la investigación de Fiscalía.
La fiscal jefe (s) de Quirihue, Cecilia González Palacios, explicó que inicialmente se indagan los delitos de impedir el libre tránsito, ilícito específico incluido en el Código Penal tras la contingencia social que comenzó en octubre pasado, y por poner en riesgo la salud pública, por parte de quienes participaron en estos bloqueos de carreteras, los que no fueron detenidos por Carabineros.
Durante la mañana de hoy la Fiscalía ordenó a las brigadas de investigaciones criminales (Bricrim) de la PDI de San Carlos y Chillán, tomar de declaraciones a testigos.
Ley de Seguridad Interior del Estado
A las acciones del ente persecutor se sumará la Intendencia, en el marco de la Ley de Seguridad Interior del Estado. El intendente, Martín Arrau, anunció: “nos haremos parte de la investigación que ya ha abierto la Fiscalía con una querella por delitos de bloqueo de ruta e incumplir el toque de queda”.
Adicionalmente, la autoridad, indicó que interpondrán un recurso de protección “para garantizar el derecho al acceso a la salud de los adultos mayores, lo que fue impedido por los alcaldes”.
Junto a aquello, entregará los antecedentes a la Contraloría General de la República, para que esta entidad investigue el actuar de los ediles, en el entendido que se habrían usado recursos públicos(vehículos), “en acciones ilícitas”, detalló el intendente.
La directora (s) del Servicio de Salud Ñuble (SSÑ), Elizabeth Abarca Triviño, calificó a su vez como “lamentables” los hechos ocurridos en aquellas comunas. “Estamos enfrentando un problema inédito de salud y necesitamos la solidaridad y colaboración de todos para superar esta pandemia”.
La acción de bloquear la carretera, agregó, “pudo poner en riesgo la salud de las personas. Estamos hablando de adultos mayores, quienes viven en un hogar de ancianos, en el que una funcionaria resultó contagiada con Covid-19. Por lo tanto, se trataba de contactos estrechos que debían estar en cuarentena preventiva, razón por la que serían recibidas en el Hospital de Quirihue, en salas especialmente acondicionadas para ellas, sin contacto con otros pacientes y bajo el manejo clínico de personal de salud para su evaluación y observación”.
La directora de Salud recalcó que “como red asistencial y todos quienes somos funcionarios públicos, debemos tener el compromiso de contribuir al bienestar, la salud y la calidad de vida de las personas, por ello, es fundamental que, como instituciones del Estado, aseguremos la continuidad de la atención”.
Mañalich: “Están cometiendo un delito”
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, evidenció su rechazo a las medidas de fuerza lideradas por los alcaldes: “Cuando una ciudadanía, un grupo o cualquiera que no tiene atribuciones, produce un bloqueo en una carretera o camino, está cometiendo un delito por el cual puede ser perseguido, y en un Estado de Excepción como el de ahora, puede acarrear sanciones muy severas“, explicó.
Pese a los cuestionamientos, el alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, defendió su actuar asegurando que la llegada de las personas ponía en riesgo al personal y a los pacientes que se atienden en el hospital comunitario.
Por su parte el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, mencionó que el corte de ruta lo habían ejecutado pues “no vamos a permitir que Coelemu se convierta en una incubación para esta pandemia”.
Más cuestionamientos
El diputado Gustavo Sanhueza indicó que los hechos registrados en Quirihue y Coelemu, que calificó como “deleznables”, “infringe nuestras normas sanitarias, el correcto uso de recursos públicos municipales y, lo más grave, impide por la fuerza una garantía constitucional como es la salud”.
En tanto, el diputado Jorge Sabag expresó: “estamos claros que esa no es la atribución de los alcaldes, ni mucho menos debería ser la forma de actuar, pero ellos están reaccionando debido a la falta de información de las instituciones en torno a los procedimientos y decisiones que se están tomando, y sobre todo, al clamor de la ciudadanía que le está pidiendo a gritos prevenir cualquier tipo de futuro contagio a raíz de la pandemia que nos golpea. Por eso hago un llamado a las autoridades regionales a coordinar y sobre todo a escuchar a los alcaldes, quienes son las personas más cercanas y que lidian día a día con la incertidumbre de los vecinos”.
