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El equipo jurídico de la Intendencia de Ñuble ha presentado 50 querellas en el Juzgado de Garantía de Chillán contra los responsables de alterar del orden público y cometer diversos delitos durante las manifestaciones por las demandas sociales. Otras dos acciones legales reposan en el tribunal de San Carlos.
La medida apunta contra las personas o grupos específicos que perturbaron las movilizaciones pacíficas con vandalismo o violencia.
Las querellas registradas en la capital de la región son por desórdenes públicos, previsto y sancionado en el artículo 269° del Código Penal, maltrato de obra a Carabineros, saqueos, porte de armas, desordenes públicos y en algunos casos se invocará la ley de Seguridad del Estado.
“En el contexto de las manifestaciones públicas en las calles de la región de Ñuble, los querellados causaron, de acuerdo a la instancia jurídica, desórdenes públicos, daños a la propiedad pública y privada, imposibilidad del normal tránsito vehicular y peatonal. Se ejercen las herramientas legales, para perseguir los hechos constitutivos de delito que pongan en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos”, explicó la Coordinación Regional de Seguridad Pública.
En tantos, las acciones legales ante el juzgado de la capital provincial de Punilla son por maltrato a la autoridad y delito de daños. Lo anterior, tras la acción de un grupo de manifestantes que impidió el desplazamiento en la calle del alcalde Hugo Gebrié, cuando la autoridad llegaba al municipio, donde fue agredido verbalmente e impidiendo el libre tránsito.
“Reafirmamos el compromiso del Gobierno con el resguardo de la tranquilidad de la ciudadanía, tal como se ha asumido hasta ahora, donde no se permitirá la impunidad de quienes buscan dañar la convivencia democrática. Serán los Tribunales de Justicia quienes determinarán los grados de responsabilidad de los querellados”, dijo el coordinador Alan Ibáñez.
