Señor Director:
En la última semana hemos sido testigos de una práctica que daña gravemente la credibilidad de nuestras instituciones: el uso fraudulento de licencias médicas por parte de más de 25.000 funcionarios públicos para viajar fuera del país, eludiendo no solo sus responsabilidades laborales, sino también su deber ético con la ciudadanía.
Este tipo de acciones, no solo vulnera normas laborales sino debilita gravemente el vínculo de confianza entre el Estado y las personas. Es un acto que transgrede el principio fundamental de la función pública: servir al bien común con probidad, transparencia y responsabilidad.
En un contexto donde la ciudadanía exige mayor integridad a quienes se desenvuelven en el ámbito público, este tipo de conductas no pueden ser toleradas ni relativizadas, y deben ser castigadas con todo el peso de la ley. Los funcionarios públicos están llamados a dar el ejemplo, porque su labor no es un acuerdo entre privados, sino una función pública sostenida con recursos de todas y todos.
El Estado tiene la responsabilidad de investigar con rigurosidad estos casos, aplicar las sanciones correspondientes y avanzar en mecanismos de prevención.
Sin embargo, es necesario precisar que también es deber de quienes participamos en la vida política y pública impulsar una cultura de integridad que trascienda el castigo individual y transforme el modo en que entendemos el servicio público.
En tiempos en que la confianza ciudadana es un bien escaso y frágil, difícil de sostener en el tiempo y fácil de quebrantar, se hace imprescindible actuar con responsabilidad y acciones concretas frente a estas situaciones. No hay espacio para privilegios ni abusos. Quien elige servir al Estado, debe hacerlo con honestidad y con la conciencia de que representa algo mucho más grande que su interés personal.
Francisca Leyton Cid
Presidenta Regional Frente Amplio Ñuble
