Durante las últimas dos décadas la gran mayoría de las soluciones para combatir la delincuencia, propuestas por nuestros legisladores, se han enfocado en crear nuevos delitos, endurecer la pena de los ya existentes y flexibilizar las garantías procesales y constitucionales de aquellas personas que son investigadas por algún delito.
Es importante aclarar que tal enfoque ha resultado ineficaz y hay bastante coincidencia en que el problema de la delincuencia requiere de otro tipo de medidas, como desarrollo de políticas públicas basadas en lo que los expertos denominan como “evidencia criminológica.
Como ciudadanos debemos hacernos la siguiente pregunta: si el problema principal es que la policía no logra “pillar” a los delincuentes o bien, en caso de hacerlo, muchas veces no hay suficiente evidencia para condenarlos, ¿de qué sirve aumentar las penas de los delitos?
Conviene aclarar que el análisis delictual implica estudiar los delitos que ocurren en un determinado lugar buscando patrones que permitan, en este caso, generar estrategias de prevención del delito. Lo anterior, claramente debiera ser una prioridad, pero al interior de la estructura actual de nuestro sistema penal esto no ocurre porque el sistema está operando casi exclusivamente de forma reactiva, vale decir, las policías y el Ministerio Público solo reaccionan una vez que el delito ha ocurrido y tienen escaso margen para elaborar políticas de persecución preventivas.
En otras palabras, el problema de la delincuencia obedece a que la forma en la cual está pensado el sistema penal chileno es ineficiente para los resultados que la sociedad espera del mismo. Sin embargo, si bien esta crítica parece ser compartida por un importante número de legisladores, muchos de ellos apuntan a que el problema estructural estaría en las garantías establecidas en el proceso penal, y es ahí donde cometen el grave error.
El gran problema de la Reforma Procesal Penal no es que haya creado un sistema “garantista”, sino que –tal como su nombre lo indica– la reforma fue de carácter procesal, vale decir, enfocada a establecer una serie de reglas e instituciones para el proceso penal y por tanto, más que mejorar la eficacia en la prevención de la delincuencia, su objetivo fue mejorar la administración de justicia penal.
El problema actual no es la delincuencia como fenómeno, sino esencialmente la gestión de los recursos de las policías y del Ministerio Publico. Y si el problema es de manejo de recursos, entonces el Estado debiera preocuparse de medir tal gestión, de fiscalizar la eficacia de la gestión de dichos recursos y evaluar cómo mejorar su eficiencia.
En suma, lo que se necesita no es la creación de nuevos delito, sino una reforma policial que pueda medir la eficacia preventiva e investigativa de nuestro sistema actual y proponer cambios a los nudos críticos que son necesarios. Necesitamos empoderar a las policías, no mediante la flexibilización de garantías procesales, sino otorgándoles los recursos para que puedan ejercer el análisis delictual y prevención de delitos, que tanto se requiere.
