En nuestro país, una de las señales de que no hay avances en materia de igualdad tiene que ver con el evidente aumento de los delitos, problema al que suele definirse como “inseguridad”. Más allá de que las cifras son imprecisas y al efecto de la pandemia, el Gobierno -a través del subsecretario Eduardo Vergara- reconoció que “este momento es sin duda el peor para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia”.
De acuerdo con las investigaciones de las ciencias sociales y económicas, inequidad e inseguridad son dos variables que tienen un vínculo bastante estrecho. A pesar de que el debate público no se detiene suficientemente en las causas del delito sino en el castigo, existen numerosos estudios que ligan el aumento de los crímenes comunes con la desigualdad.
Entre los expertos internacionales más reconocidos, la “teoría económica del crimen” de Becker afirma que los individuos comparan los resultados de destinar su tiempo entre actividades legales y delictivas y la posibilidad y severidad de un potencial castigo. En este modelo, la inequidad urbana deriva en una mayor tasa de crimen, al situar cerca a personas con bajos incentivos para realizar actividades lícitas (por ser muy baja la remuneración por actividades laborales) con otros que exhiben bienes costosos. La teoría de la presión (strain theory ), iniciada por Merton, dice que los individuos menos exitosos se ven frustrados en la comparación con aquellos más exitosos. A su vez, la teoría de la desorganización social, esbozada por Shaw y McKay, sostiene que el crimen ocurre cuando los mecanismos de control social están debilitados.
Y si a la pobreza y marginación se agrega las deficiencias de políticas estatales de combate a drogas tan destructivas como la pasta base, que prácticamente transformó a toda una generación de jóvenes de clase baja en una “generación perdida”, es muy previsible una expansión de los delitos como la que está ocurriendo.
El enfoque punitivo, que limita la discusión al castigo de los autores de delitos, solo trae más pobreza, exclusión y más crímenes. Al generarse la necesidad de destinar grandes partidas presupuestarias a combatir el crimen con políticas de corto plazo, a través de, principalmente, gastos en prisiones, se genera un círculo vicioso cada vez más grande.
Chile destina 800 mil pesos al mes por cada una de las aproximadamente 100 mil personas encarceladas. Ello es doblemente gravoso para los pobres pues, por un lado, aumenta su exclusión y, por el otro, resta fondos al presupuesto que podrían destinarse a políticas vinculadas a educación, salud o nutrición que sirvan para disminuir la desigualdad.
La inseguridad es uno de los temas que, con razón, más preocupan a la ciudadanía. Sin embargo, el estado de cosas actual no es causa de la ausencia de castigo, pues nunca hubo tal cantidad de presos en nuestro país, sino de un estado de desigualdad que no solo no mejora, sino que muestra claros indicios de empeorar.
