No pasa día sin que la delincuencia, en Chile y en nuestra región, se cobre, una nueva víctima. Se trata, a veces, de un delito violento y resonante del crimen organizado y en otros, de algún asalto o arrebato ocasional, fruto de un encadenamiento de hechos más o menos casuales.
Por supuesto, la delincuencia no es nunca hija del azar. Mafias transnacionales o delincuentes locales, siempre es producto de una correlación de omisiones, negligencias y fracasos de las políticas públicas, acumuladas en el tiempo.
Es lo que plantean los expertos ante esta crisis y la creciente sensación de inseguridad que se ha apoderado de la ciudadanía, justificada en el incremento de algunos delitos, especialmente los más violentos. En otras categorías incluso han disminuido. Por eso los especialistas sugieren que los problemas de seguridad ciudadana son más políticos que técnicos y plantean que la solución pasa indefectiblemente por una perspectiva integral en el abordaje de un cúmulo de factores, casi todos ellos de extremada complejidad.
En el actual debate sobre la crisis de seguridad que sufre el país, a menudo se ha caído en la tentación de atribuir el auge de ciertas formas de delincuencia a una única razón desencadenante y como respuesta se incurre en simplificaciones o reduccionismos analíticos, que no ayudan a examinar el tema con la seriedad necesaria. Se alude, por ejemplo, a la influencia de los inmigrantes como exclusiva causa de todas las desgracias, o a utilizar a las Fuerzas Armadas para acabar de raíz con los delincuentes, idea que se instaló fuertemente en la opinión pública tras la convocatoria que hizo el Presidente Boric al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
Finalmente, resultó una mala idea. Los propios militares reconocieron no estar preparados para manejar la seguridad pública, además que no serviría de nada si no se incorporan otros factores a una mirada estratégica sobre este tema, como es la incidencia del tráfico de drogas, los desequilibrios sociales, la ineficacia de las fuerzas policiales, la levedad del Poder Judicial y errores en la legislación penal vigente. También es un dato inquietante cierto componente cultural, como el auge de la violencia en sectores juveniles.
Está claro que todos esos factores son reales y necesariamente deben ser considerados, pero ninguno de ellos podría ser señalado como único o excluyente a la hora de formular un diagnóstico creíble sobre la realidad social imperante en materia de delincuencia e inseguridad.
Pero no es menos cierto que el grueso de la sociedad infiere –y con mucha razón- que la efectiva presencia policial, provista de recursos eficaces, es una de las barreras más apropiadas para contener la criminalidad. Por eso, el aumento de funcionarios policiales y la entrega de nuevas herramientas para la prevención y combate de la delincuencia que hemos visto a nivel regional y comunal, son positivas señales para hacer frente a la delincuencia mediante una estrategia pragmática, pero que no por ello debería renunciar a los aportes de las ciencias sociales, que sugieren que la reflexión sobre el problema de la seguridad ciudadana se realice desde una perspectiva integral.
Puede no ser muy novedoso, difícil incluso de asimilar para quienes reclaman un mayor uso de coacción a fin de reprimir el crimen, pero la realidad no será nunca modificada en función de un análisis simplificado y esquemático -o peor aún, politizado e ideologizado- para el problema de Estado más importante que enfrenta nuestro país en la actualidad.
