La preocupación de los alcaldes de comunas con alta ruralidad, como San carlos, Pinto, Coihueco, Quirihue y Yungay, donde se observa un incremento de los actos delictivos y un notorio déficit de personal policial, es un asunto de alta prioridad para las comunidades afectadas y, por tanto, debería ser abordado con celeridad por parte de las autoridades competentes, es decir, Carabineros y el Gobierno, a través del Ministerio del Interior.
Coihueco, por ejemplo, tiene un territorio de 1.776,6 kilómetros cuadrados que la convierten en la comuna más grande de la región, no obstante apenas hay un vehículo para realizar patrullajes nocturnos. La realidad es similar en Yungay, San Fabián, El Carmen, Quirihue y Cobquecura. Todas poseen una gran superficie, surcada por caminos de ripio y tierra, lo que hace casi imposible para Carabineros generar rondas y una cobertura preventiva. A lo anterior se suman otros dos factores que igualmente juegan en contra: la insuficiencia de vehículos y una cantidad de funcionarios activos por cada turno que dista mucho del estándar sugerido por la propia institución, que es de 2,5 efectivos por cada mil habitantes.
Estas mismas situaciones, si se hubiesen producido en alguna comuna de Santiago, o incluso en Concepción, tendrían de cabeza a los máximos responsables de la policía uniformada y del Gobierno, buscando una solución. Lamentablemente, como se trata de comunas con una población comparativamente baja, la gravedad de la problemática parece no quitarle el sueño a nadie, con excepción -por supuesto- de quienes viven en las comunas afectadas.
Y si bien la tesis de los jefes comunales es que hay un desplazamiento de los delincuentes desde Chillán, Concepción y Santiago, a las comunas ya mencionadas, ello no atenúa, de ninguna manera, la responsabilidad de las autoridades de Gobierno en el problema.
Conviene, en todo caso, considerar ciertas limitaciones presupuestarias que impiden aumentar de un día para otro la dotación de efectivos en las comunas antes mencionadas, así como también las costumbres de sus habitantes, que favorecen la comisión de ilícitos. No obstante, las autoridades deben buscar fórmulas que permitan reducir los delitos, tal como se ha logrado en ciudades medianas y grandes.
La seguridad es un requisito básico en la construcción de paz social, y por tanto, un elemento fundamental de la calidad de vida de los habitantes. Es por lo anterior que los alcaldes de dichas comunas han llegado incluso hasta La Moneda para pedir soluciones concretas y efectivas, que pasan, necesariamente, por invertir en mayor dotación de personal y equipos de apoyo a dicha labor, como camionetas, motos e incluso caballos.
Más allá del lamento por el permanente centralismo, que también se refleja en las políticas de prevención del delito, lo que urge hoy es contar con una respuesta seria a esta demanda. Los habitantes de Ñuble no tienen por qué ser tratados como ciudadanos de segunda clase, pues al igual que los de la capital, pagan sus impuestos, y es deber del Estado brindar los niveles de seguridad que permitan el desarrollo armónico del territorio, de las comunas grandes y pequeñas, de los grandes núcleos urbanos y también del Chile rural.
