Frente a la fuerte alza que vienen experimentando los precios de los alimentos en los últimos 12 meses, un grupo de diputados de la bancada RN, entre los que están Frank Sauerbaum, Jorge Rathgeb y Francesca Muñoz, ingresó un proyecto de reforma constitucional -que incorpora una norma transitoria- para la exención total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para alimentos de la canasta básica.
Uno de los indicadores que refleja el aumento de los precios es el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA), que anotó un alza de 2,3% en septiembre, llegando a $60.393, acumulando un incremento récord en doce meses de 23,15%.
De acuerdo al índice del Ministerio de Desarrollo Social, las principales alzas en septiembre fueron en el precio del tomate, la margarina, la leche en polvo, el té y la zanahoria. Mientras que las principales bajas se presentaron en el precio del pan y el plátano.
La actualización de la CBA se realiza de acuerdo con la variación de los precios en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los productos que la componen.
“Los diputados firmantes creemos indispensable que, para detener la escalada de precios de alimentos, se incorpore temporalmente una exención a la compra, por parte de consumidores finales, de alimentos de la canasta básica, de tal manera de reducirles su afectación a este impuesto y así beneficiar a quienes más los consumen. Esto implica que se debe implementar, a su vez, un sistema de traspaso de la exención hacia todos los eslabones de la producción del bien beneficiado, por cuanto en caso contrario se les cobraría un impuesto en el que no se configura el hecho gravado”, dice el texto de la moción que pasó a la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Se plantea en el proyecto que “dado lo amplio de los productos y que sus cadenas productivas pueden ser largas, es que se encomienda al Ministerio de Hacienda que establezca, mediante la dictación de un decreto supremo, los requisitos a las empresas productoras para acceder a la exención de IVA considerada en este proyecto de reforma constitucional”. Adicionalmente, se encomienda que este mismo decreto supremo establezca el porcentaje de crédito de IVA a cada alimento o insumo, en función de su importancia en la canasta básica de alimentos.
La reforma establece un plazo de vigencia de un año de este régimen excepcional, prorrogable por el Presidente de la República con el concurso del Congreso Nacional, por seis meses.
Presión alcista
Al respecto, el diputado Sauerbaum explicó que “la inflación ha estado particularmente concentrada en los alimentos que conforman la canasta básica. En efecto, a modo de referencia, mientras la inflación entre agosto de 2021 y agosto 2022 fue de 14,1%, de las tasas más altas que ha visto el país en los últimos 30 años, la canasta básica de alimentos subió 22,4%”.
El parlamentario añadió que 67 de los 85 productos que componen la canasta sufrieron aumentos de precios, destacándose las alzas en alimentos no estacionales como la carne de pollo o la de cerdo. “Más aún, los únicos componentes que bajaron fueron frutas y verduras estacionales, como el limón o el tomate”, acotó.
Argumentó que “la presión internacional en los precios de alimentos, por disrupciones a la cadena logística de producción a nivel global, afecta principalmente a los más vulnerables debido a que destinan una mayor proporción de sus ingresos a alimentos”.
Y si bien planteó que los subsidios a la producción de alimentos de la canasta básica y sus insumos puede ser una solución, en tanto sean destinados a productos homogéneos, advirtió que esta medida tiene la complejidad que no se puede aplicar a productos que se exporten, ya que ello constituiría un dumping, “que expondría a sanciones a Chile por parte de la Organización Mundial de Comercio u otros organismos internacionales”.
“Por ello es que el mejor instrumento es mediante exenciones al IVA, dado que, por su propia naturaleza de impuesto interno, los exportadores no lo pagan y por tanto no se beneficiarían de una eventual reducción”, cerró.
Sin embargo, esta propuesta ya fue evaluada en abril por el Ministerio de Hacienda, que frente a un debate similar y basado en experiencia comparada, desechó la rebaja del gravamen al consumo.
En 2021 los ingresos fiscales por IVA representaron el 50,3% del total de recursos netos por tributos, por lo que cualquier cambio en ese ámbito tendrá un efecto recaudatorio.
