La exconcesionaria de las áreas verdes de la ciudad de Chillán, la empresa de capitales españoles OHL Servicios, demandó recientemente a la municipalidad por el término anticipado de contrato, acto que considera arbitrario, injusto y de “mala fe”. Pero en el escrito judicial, además de exponer elementos técnicos, ligados estrictamente con la labor desempeñada, da cuenta de comunicaciones internas con el gobierno comunal donde deja ver quienes eran sus asesores y algunas situaciones que generan dudas en el concejo.
En el documento, abogados de la firma presentan documentación oficial que permite apreciar la manera en que ella se coordinaba con el consistorio para ejecutar diversos proyectos referidos con la concesión, como por ejemplo, la generación de riego tecnificado, algo que no fue completado satisfactoriamente según la municipalidad y por lo cual terminó anticipadamente el vínculo contractual.
La empresa, que afirma haber cumplido con todos los requerimientos establecidos en el vínculo que lo ligaba con el municipio, reclama judicialmente el pago de la suma de $250.939.221 por concepto de daño emergente; $659.651.669 por concepto de lucro cesante; y $200.000.000 por concepto de daño extrapatrimonial(perjuicio a su imagen).
En su larga exposición, la empresa plantea que “podríamos seguir citando jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia y la conclusión sería siempre la misma: existe una infracción a la ejecución de buena fe de un contrato cuando, de un momento a otro, una de las partes pretende desconocer todos sus actos previos y la ejecución práctica que se le dio a una determinada obligación. Pues bien eso fue, precisamente, lo que hizo la Municipalidad en este caso al poner término anticipado al Contrato, razón por la cual afirmamos que infringió lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil y, en consecuencia, incurrió en un incumplimiento contractual que generó perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales a nuestra representada”.
En el texto, la entidad señala como uno de sus contratistas al empresario y presidente regional de Renovación Nacional, Rodrigo González y a su hija, lo que ha generado controversia entre el concejo municipal chillanejo, pues se cree ver en ello eventuales conflictos de interés, considerando que el dirigente es pareja de la directora de Dideco del municipio y es muy cercano a Paola Becker, esposa del ex administrador Ricardo Vallejos.
La defensa de OHL, detalla que en el entendido que el contrato marchaba de manera adecuada y no existían multas ni quejas de la contraparte, “nuestra representada, en la legítima creencia de que la Municipalidad respetaría lo acordado, contrató a la empresa Inversiones María José González Días EIRL, para que se hiciera cargo de ejecutar las obras necesarias para su implementación”.
“El costo asociado a su ejecución, según se acreditará en la etapa procesal correspondiente, ascendió a la suma total de $17.819.083 (IVA incluido), costo que fue soportado íntegramente por OHL Servicios y que, en virtud del desconocimiento posterior de la Municipalidad, no pudo ser imputado al desarrollo de obra alguna relacionada con el Contrato”, se expone.
De manera adicional, los abogados de la ex concesionaria, indican que “para intentar justificar su reprochable actuar, y evidencia la mala fe con que obró respecto de OHL Servicios”, la Municipalidad encargó a un asesor paisajista municipal un informe desfavorable hacia la firma.
Pero agrega OHL, el funcionario, tenía “animadversión hacia OHL, ya que durante la vigencia del contrato, solicitó a nuestra representada que contratara a un familiar suyo como chofer, requerimiento al cual no se accedió”.
Familiares
En estas condiciones, señalan concejales, se evidenciarían problemas de probidad administrativa dentro del municipio chillanejo, pues funcionarios de este organismo no debieran ser parte de proyectos privados, ni ligar a ellos a familiares directos, debiendo mantener una conducta ética intachable.
El concejal Juan López Cruz, indicó que le llama la atención que en varios contratos del municipio con entidades externas se repitan los nombres de ciertos personeros políticos. Además, menciona que los casos más complejos relacionan al exadministrar Ricardo Vallejos con familiares directos en varios contratos que están en análisis, como el del servicio de camiones aljibe o la venta de un terreno personal donde igualmente aparecen contactos directos.
López plantea que “en términos generales tanto en la demanda de OHL como en la contestación del municipio se evidencia un desorden administrativo, falta de conducción del contrato, fiscalización, incumplimiento a la estricta sujeción de bases y aparentemente contraposiciones de instrucciones entre Medio Ambiente Aseo y Ornato y la Secpla que deben ser investigadas tanto por contraloría para identificar a los responsables del descalabro que ha significado este contrato que puede significar una pérdida de más de mil millones de pesos a las ya disminuidas arcas municipales y eventualmente por el ministerio público para determinar si desde el inicio de la licitación y con las evidencias presentadas tanto por la empresa como por el municipio existiese dolo y eventualmente pérdida de patrimonio y recursos públicos en este evidente desorden voluntario o involuntario generado en esta licitación”.
López agregó que “llama la atención que en el escrito de demanda de OHL, ésta ratifica lo ya planteado en sesiones de concejo donde hice presente que me llamaba la atención que el señor Rodrigo González, presidente regional de RN y ex jefe de gabinete de la señora Paola Becker fuera subcontratado por OHL y aprobado por la municipalidad para la ejecución de los proyectos de riego tecnificado a través de la empresa Inversiones María José González Días EIRL hija del señor González, por más de 17 millones de pesos, obras cuestionadas por el alcalde por este concejo y comunidad y a pesar de ello sin ninguna amonestación o multa por parte del municipio. Lo anterior establecido en las páginas 57 y 88 de la demanda de OHL”.
El edil del PR subrayó que “no deja de generar ruido y preocupación una aparente falta de probidad denunciada por OHL que indica que funcionarios municipales a los que le corresponde fiscalizar a esta empresa y emitir informes requeridos por este concejo le solicite a la empresa contratar como chofer a un familiar, lo que no fue aceptado por la empresa, lo que habría originado que posteriormente en represalia emite informe paisajista negativo para la empresa”.
Esto, apunta López “debe ser investigado y sancionado pues enloda la integridad y probidad de nuestros funcionarios”.
Se suman a los hechos conocidos, la eventual intervención que habría tenido un ejecutivo de la empresa de basura Dimensión, quien habría intercedido a favor de la empresa Itelecom frente a funcionarios municipales, que finalmente entregaron el millonario contrato que actualmente está siendo investigado por la Justicia.
López confirmó que este lunes en sesión de concejo solicitará al alcalde Sergio Zarzar, que ordene investigaciones internas que permitan aclarar los hechos descritos por OHL y que forman parte de la demanda y además que exista una pronunciamiento oficial del municipio sobre aquellos.
Práctica común
El concejal Patricio Huepe, en tanto, sostuvo que la contratación de familiares o amigos es una práctica no desconocida entre entidades públicas. Huepe, agregó que sin conocer a cabalidad el problema descrito por OHL, advierte que si se llegara a demostrar la existencia de este tipo de situaciones, se estaría frente a casos en que funcionarios, relacionados malamente con empresas a las que tienen que fiscalizar, estarían finalmente limitados para desarrollar sus funciones pues serían parte de una organización reprochable o ilícita.
La experta en marketing político, Paulina Pinchart, concuerda que situaciones como las mencionadas, son más comunes de lo que se piensa en el aparato público, pero finalmente son pocas las investigaciones o denuncias al respecto.
La especialista agregó que la llamada “corruptela” como se la menciona en España, debe ser denunciada, lo cual sería una obligación de todo funcionario público, pero muchos se desisten pues finalmente es difícil encontrar pruebas de los eventuales ilícitos y los denunciantes finalmente se arriesgan a querellas por injurias o calumnias.
La profesional, añadió que “para enfrentar este tipo de situaciones se requiere una organización altamente especializada, muy profesional, donde haya efectivamente un control de gestión y no meramente un control administrativo”.
Añadió que las unidades de contraloría interna pueden verse sorprendidas por estas situaciones pues por lo general su accionar se orienta a verificar que se cumpla la legislación y aspectos formales de los contratos, de tal manera que no son capaces de detectar acciones de corrupción o corruptela.
El asesor de municipalidades Luiz Díaz Acuña, añadió que en el caso del contrato de áreas verdes “es factible detectar que eventualmente podrían haber algunos delitos como fraude al fisco, negociación incompatible, tráfico de influencias enriquecimiento ilícito, prevaricación”.
El ingeniero civil, agregó que en general, “los empleados públicos asumen un deber especial por la naturaleza del cargo que detentan y la consecuencia que pueden derivarse de sus actos. Y los eventuales delitos afectan el correcto desarrollo de la administración pública y pueden afectar otros bienes jurídicos como el patrimonio, la confianza y la fe pública”.
Díaz, agrega que además de la arista administrativa, la demanda de OHL “puede conllevar una arista penal y es muy probable que el Consejo de Defensa del Estado en esta arista de áreas verdes presente una acción ante la Fiscalía”.
Rodrigo González
Respecto de los antecedentes entregados por OHL y frente a las dudas emitidas por concejales, el presidente de RN en Ñuble, Rodrigo González, manifestó que no existe ningún tipo de incompatibilidad en los trabajos que él ha realizado con la empresa de áreas verdes.
Junto con ello, validó las actividades empresariales realizadas por su hija con la ex concesionaria y planteó que las aprensiones expuestas por concejales tiene como único fin afectar la candidatura de Paola Becker que “será la próxima alcaldesa de Chillán”.
Decepción
Este y otros problemas observados en el municipio chillanejo, llevó a que el senador Felipe Harboe planteara que siente “decepción de que algunos en el municipio de Chillán hayan utilizado sus cargos para negocios personales, eso es inaceptable, sobre todo en una comuna que tiene tantas necesidades”.
El parlamentario, agregó que “también siento molestia, porque más allá que el municipio y particularmente sus autoridades sean los responsables políticos, se instala una desconfianza generalizada en el servicio público, algo complicado, porque hay un conjunto de gente honesta en el municipio que no merece ese calificativo por culpa de algunos que ‘metieron las manos’”.
Harboe, agregó que “la pregunta que uno se hace es si el alcalde estaba en conocimiento de estos hechos o no. Si lo estaba, debió haberlo denunciado; y si no, uno se pregunta qué grado de control tiene sobre el municipio. Aquí hay un grado de responsabilidad política de los mandos superiores de la administración municipal”.
Además, desde el Partido Socialista de Ñuble, rechazaron “los múltiples atentados contra la probidad y el mal uso de recursos públicos cometidos en la gestión del alcalde Sergio Zarzar que involucra a altos directivos de la Municipalidad de Chillán con importantes redes políticas en la región”.
La presidenta regional del PS, Gina Hidalgo, subrayó que “la licitación de adquisición de luces LED, la prestación de servicios de camiones aljibes para la distribución de agua potable, así como la concesión de áreas verdes y contratos con privados para canchas de pasto sintético son el largo listado de actos que han creado un presunto sistema de corrupción institucionalizada que ya no son una excepción sino una característica de la gestión del alcalde Zarzar en la capital regional.
