Luego que la crisis sanitaria y las restricciones impuestas por la autoridad para enfrentar la pandemia obligaran a posponer dos veces el Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2020, que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) ejecutarán a partir del 21 de septiembre, la gran dificultad que enfrentan hoy es el reclutamiento del personal para recoger los datos y para supervisar el proceso.
Según explicó el director regional del INE, Anthony Becerra, el cambio desde mayo a agosto, y luego, de agosto a septiembre, para el inicio del levantamiento de la información, obedeció a la necesidad de limitar los posibles riesgos que podrían enfrentar tanto en la contratación de los recolectores y supervisores, como en la disponibilidad de salas para las capacitaciones y oficinas de áreas censales, la restricciones de desplazamiento de los capacitadores y en eventuales problemas en la recepción de los encuestadores por parte de los informantes, por temor al contagio.
Argumentó que entre las variables que se consideraron a la hora de mover la fecha estuvieron las medidas que restringen la movilidad en muchas comunas del país y el eventual temor de los candidatos a participar.
De acuerdo a la nueva programación, el levantamiento de la información se realizará entre el 21 de septiembre y el 22 de diciembre.
Reclutamiento
Becerra expuso que “la postergación del censo afectó el interés en participar, por eso hemos intensificado la promoción de este importante proyecto”, de manera de completar exitosamente el proceso de reclutamiento de supervisores y recolectores (encuestadores). En esa línea, hizo un llamado a los profesionales del sector agropecuario y forestal a postular y participar en este proceso.
El profesional detalló que en Ñuble trabajarán 38 supervisores y 190 recolectores. A ellos se suman administrativos, informáticos, capacitadores y coordinadores de área censal, totalizando un equipo de 244 personas dedicadas 100% al Censo en la región.
El director del INE informó que los sueldos para recolectores serán de 1 millón de pesos (bruto), y para supervisores, de $1,2 millones. Estos comenzarán el 7 de septiembre y finalizarán en diciembre, por lo que se pagarán cuatro meses.
“La primera etapa de selección la lleva una consultora externa; ellos estarán realizando los test psicolaborales hasta el 6 de agosto, por lo que recomendamos postular, a más tardar, a fines de julio. Luego de esto, el INE Ñuble realizará las entrevistas finales para definir a los profesionales que trabajarán en el proyecto”, indicó.
A partir de junio, el INE junto a la consultora especializada en reclutamiento y selección, Talento Virtual (www.talentovirtual.com), abrieron la segunda postulación del año para invitar a participar en Censo.
Para ello, se invita a profesionales o técnicos de nivel superior titulados de carreras del área silvoagropecuaria (agronomía, forestal, agronegocios, agroindustrial, veterinaria o similar), que cuenten con experiencia liderando equipos en terreno, a postular al cargo de supervisor.
En el caso de los recolectores, se invita a postular a técnicos, profesionales y egresados del área silvoagropecuaria o ciencias. Sus funciones serán encuestar y obtener en terreno los datos requeridos.
Consultado sobre las medidas de prevención para evitar el contagio de Covid-19 en las distintas etapas del proceso, Becerra explicó que “se está trabajando en un protocolo sanitario para la etapa de capacitación y levantamiento, por ejemplo, la selección se está llevando a cabo de manera remota”.
El Censo
En Ñuble, se estima levantar un mínimo de 72.660 roles, proceso que demandará una inversión total cercana a los $980 millones.
El director del INE destacó la importancia de este censo especialmente para Ñuble, cuya principal actividad económica es la silvoagropecuaria.
“El censo es la fuente más importante de información estadística en base a la cual los gobiernos, autoridades, organizaciones y el sector privado orientan sus recursos de manera más efectiva para contribuir al desarrollo del sector agrícola y las zonas rurales. Proporciona datos indispensables para la investigación agropecuaria en profundidad que puede respaldar la planificación y la formulación de mejores políticas públicas. El censo tiene también gran valor para el sector privado, porque permite que los productores cuenten con la información adecuada para tomar mejores decisiones”, sostuvo.
Básicamente, los objetivos del censo son obtener información sobre la estructura productiva y la distribución territorial de la actividad agropecuaria, así como obtener información base para la elaboración de las estadísticas intercensales. “Esto nos permitirá actualizar los marcos muestrales para las intercensales del sector. Nosotros todos los años hacemos encuestas intercensales de cultivos, ganadería, entre otros, y esa información se está tomando con el marco muestral del último censo, que se hizo en 2007; necesitamos actualizar esto al 2020, para conocer la realidad agrícola actual de la región”, expresó Becerra.
El profesional recordó que entre noviembre y diciembre pasados se aplicó un piloto en la comuna de Chillán Viejo. “En un piloto nosotros vamos y testeamos todo el proceso que se planificó, vemos la realidad en terreno, testeamos nuestro cuestionario realizando encuestas reales con agricultores de la zona”, explicó.
Becerra señaló que el cuestionario consta de 286 preguntas, y su aplicación puede demorar entre 30 y 90 minutos, dependiendo del encuestado. El cuestionario está diseñado de manera modular, por lo que no todos los encuestados deberán contestar el total de preguntas que posee el formulario. Así y, por ejemplo, si un productor se dedica únicamente a la ganadería, solo se le preguntará por información relacionada con su ganado.
Al tratarse de un censo oficial las personas están obligadas a responder verazmente, tal como lo indica la Ley 17.374. Quienes se nieguen a responder, alteren o falseen la información, se exponen a una multa que varía entre los $9.000 y $175.000. Sin embargo, la aplicación de la multa no exime la obligación de responder, pudiendo ser aplicada nuevamente aumentando el doble del valor inicialmente cobrado.
