Distintas reacciones generó en Chillán el anuncio hecho por el Presidente Sebastián Piñera, en relación a crear una unidad especializada dedicada a los casos de violaciones de Derechos Humanos.
Esto porque mientras hubo voces que la tildaron como necesaria, otros abogados penalistas con experiencia en fiscalías o en defensa de los Derechos Humanos, a nivel regional, la tildaron como efectista y burocrática.
La creación de esta unidad del Ministerio Público había sido solicitada por el fiscal nacional Jorge Abbott en su cuenta pública, el 28 de abril, argumentando que así se demostraría la preocupación que existe en el país por investigar este tipo de causas.
En respuesta, Piñera dijo que este proyecto pretende “condenar categóricamente estos hechos, ordenar el inicio de los sumarios administrativos y la aplicación de sanciones correspondientes, y que se pusieran todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público”.
En la misma línea planteada por el director nacional del INDH, Sergio Micco, el representante regional del instituto, Daniel Concha, sostuvo a La Discusión que “vemos con buenos ojos el que haya mayores ingresos, sobre todo para temas de Derechos Humanos, por lo que esperamos que la creación de esta fiscalía ayude a agilizar la investigación de este tipo de delitos cometidos a nivel institucional”.
Para Concha, de concretarse el proyecto se podría esperar un aumento de personas que estén a cargo de este tipo de investigaciones.
Actualmente, el INDH Ñuble maneja un total de 50 causas que tuvieron como contexto las manifestaciones originadas el 18 de octubre de 2019, siendo la más emblemática de todas la de Gloria Moraga, quien recibió un proyectil en el pabellón ocular lo que le causó la pérdida de su ojo. La causa aún sigue en etapa de peritajes por parte del Ministerio Público.
Adicionalmente, se han añadido otras 21 querellas por denuncias contra funcionarios del Orden Público, motivados por circunstancias no necesariamente asociadas a un fenómeno social.
Principio de eficiencia
En contraste con los beneficios que prevén en el INDH, la abogada penalista, Marcela Larraín, quien incluso trabajó como querellante para este Instituto, estima que “esto suena más a un asunto más político que jurídico, por usar un término coloquial, parece solo un voladero de luces”.
La jurista respalda sus dichos en las mismas cifras del INDH. “No tiene sentido designar a un fiscal especializado, y mucho menos crear una unidad especial dentro del Ministerio Público, para tan pocas causas. En Chillán, son cerca de 60 o algo más, lo que es muy poco para un fiscal. Ellos manejan, cada uno, como 10 veces más ese número de carpetas, por otro lado, las causas aumentaron solo por el estallido social, antes que eso, las investigaciones eran mucho menos”, agregó.
Similar visión tiene el exfiscal militar de Malleco, abogado Rodrigo Vera Lama. “Esto solo creará más burocracia y no dará más soluciones. Lo hemos visto con otros inventos como el Senda o la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque ni han bajado los delitos ni el consumo de drogas”.
Finalmente, advierte que “si las fiscalías militares desaparecieron fue por principio de eficiencia. No tiene sentido tener una unidad fiscal por 300 o 400 causas y las del INDH son mucho menos”.
