Daniel Concha, director regional del Instituto de Derechos Humanos (INDH) en Ñuble
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presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público de Quirihue, en contra de los alcaldes de esa comuna, Richard Irribarra, y de Coelemu, Alejandro Pedreros.
“Y fue por atentar contra la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que en este caso fue por impedir el acceso a la salud y a un trato digno, lo que tiene, además, sanciones penales”, precisó Concha.
Esto por la polémica decisión de bloquear el paso de una ambulancia, mediante el uso de maquinaria pesada municipal, que traía desde Chillán a adultos mayores a realizar una cuarentena preventiva al Hospital de Quirihue, luego que se confirmara un caso positivo de Covid-19 en el centro de larga estadía al que ellos pertenecían, el pasado 31 de marzo.
La moción fue anunciada por el director nacional del INDH, Sergio Micco, el pasado jueves, lo que despertó suspicacias en el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, quien dijo que “me llama la atención que la vengan a presentar recién dos semanas después”.
Ante esto Daniel Concha aclara que “no hay que confundirse, la denuncia se anunció ayer (jueves), pero la acción se presentó solo unos días después del hecho”.
Además Concha aclaró que no se presentó una querella propiamente tal, porque “como no nos pudimos constituir en el lugar, cuando ocurrió este problema, no hemos logrado aún reunir evidencias, pero vamos a esperar los resultados de la formalización para determinar el camino a seguir”.
La fiscal Cecilia González ya había anunciado que el Ministerio Público solicitó una audiencia de formalización, quedando agendada para el próximo 4 de junio próximo, alcanzando también a otros funcionarios municipales de Quirihue, entre ellos a algunos concejales quienes están ahora en calidad de imputados.
Persecución política
Luego que la Intendencia anunciara una querella en contra de ambos alcaldes, hubo diversas manifestaciones de apoyo a Pedreros y a Irribarra, destacando la de varios parlamentarios de oposición de Ñuble, quienes acusaron persecución política.
Conocida la intervención legal del INDH, el intendente Martín Arrau insistió en que “nunca ha habido tal cosa (…) y quiero ser bien claro, que en Ñuble todas las personas que han cortado rutas en esta circunstancia han tenido las mismas querellas por Ley Interior de Seguridad del Estado, y por las mismas causales, así que aquí hay igualdad ante la ley y es el mismo actuar que hemos tenido nosotros ante cualquier persona, sea alcalde, no sea alcalde, o ante cualquier ciudadano”.
Sin embargo, para el alcalde de Coelemu, Alejandro Pedreros, “esta situación lo único que hace es politizar más el asunto. No veo por qué el INDH se preocupa de un puñado de personas que no llegaron a la comuna, y no por la salud de una comunidad completa”.
Pedreros insiste en responsabilizar de lo ocurrido a una “falla comunicacional tremenda entre las autoridades de Gobierno y los alcaldes, ellos nunca nos comunican nada”.
Por parte del alcalde de Quirihue, Richard Irribarra, a través de su equipo de comunicaciones se informó que “por el momento no dará entrevistas” y que “puede que hable este lunes”.
