Señor Director:
Revuelo ha causado la presentación de la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, a raíz de la libertad condicional de Hugo Bustamante. El problema que subyace a esta vorágine punitiva, es que la Constitución y las leyes ya establecen mecanismos para impugnar resoluciones judiciales -por medio de recursos- y la Corte Suprema posee superintendencia correccional y directiva respecto de todos los tribunales (en especial de los propios magistrados).
Si cada vez que existe un fallo polémico que cause revuelo, y no se ajuste a lo que el poder Ejecutivo o el Legislativo consideren correcto, amenazando con ejercer acusaciones constitucionales a los jueces, habremos sepultado la independencia del poder judicial -algo inaceptable en un Estado de Derecho-. Como señaló el Colegio de Abogados en una declaración unánime: “Confiamos que un Poder Judicial independiente y jueces imparciales, dictando resoluciones fundadas, permitirán prontamente castigar, en forma racional y justa, a quienes realicen conductas que atenten en contra de nuestros niños/as y mujeres”.
Jose Luis Trevia
Investigador Fundación para el Progreso
