Señor Director:
Nuestra Constitución establece el Principio de Legalidad, por el que ningún funcionario del Estado puede arrogarse otras facultades o derechos que los expresamente establecidos por ley. Es más, todos ellos juraron respetar la Constitución y las leyes.
Por ello, es extremadamente preocupante e inaceptable que el Presidente de la República promulgue una ley (de servicios básicos) que el Gobierno había declarado inconstitucional o que la presidenta del Senado considere que es posible obviar la Constitución a pretexto de cualquier valor que ella considere superior. Es igualmente inaceptable que parlamentarios presenten y aprueben proyectos de ley inconstitucionales. Es atemorizante que funcionarios públicos promuevan medidas que dañan la institucionalidad. Es penoso que los tribunales se salten las leyes y la Constitución y hagan activismo a través de sus fallos.
Si los ciudadanos permitimos que actitudes como las descritas se sigan realizando, validamos que autoridades electas democráticamente atenten contra la institucionalidad que permitió su elección, lo que es una gran amenaza para nuestras libertades, derechos y democracia.
Valentina Ramírez Hernández
