Desde la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión (21.015), en 2018, 590 contratos de trabajo, celebrados en Ñuble, se han registrado en la Dirección del Trabajo (DT), lo que corresponde a 474 trabajadores (diferencia explicada por relaciones laborales finalizadas o porque una persona puede tener más de un empleador).
La cifra, representa el 1,8% del total de acuerdos ingresados a la entidad a nivel nacional (32.334), al 28 de febrero de este año. En cuanto a las empresas, 65 (1,5% del total país) pertenecen a la región.
“La estadística muestra que estamos en números parecidos a las regiones de Coquimbo y Los Ríos, pero lógicamente lejos de otras regiones de mayor fuerza laboral y población, como lo son la Metropolitana o Biobío. Creemos que en estos años hemos avanzado en lograr incorporar el concepto de inclusión laboral como un elemento que va mucho más allá de simplemente cumplir con una cuota, pero ciertamente aún nos queda mucho camino por delante”, comentó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Yeniffer Ferrada.
La autoridad laboral agregó que en Ñuble “tenemos un mercado laboral que es débil en algunos sentidos pero que, sin embargo, ha ido abriendo el espacio correspondiente para la inclusión de personas con discapacidad al mundo del empleo. Comprendemos que en pandemia el escenario laboral ha sido complicado para muchos empleadores, fundamentalmente para los emprendedores, pero esperamos que no solo las empresas que cuentan con más de 100 trabajadoras contraten bajo la Ley de Inclusión, sino que muchas más”.
El informe realizado por el Departamento de Estudios de la DT arroja que en la región el sueldo promedio de los contratos registrados bajo Ley de Inclusión es de $530.573; $544.357 en el caso de los hombres y $497.817 en el de las mujeres.
La Ley 21.015 establece la contratación de, a lo menos, un 1% de personas con discapacidad y/o asignatarios de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en aquellas empresas e instituciones del Estado que tengan una dotación igual o superior a 100 trabajadores o funcionarios. Asimismo, entrega medidas alternativas, como realizar donaciones o la subcontratación de personal.
