El Servicio Electoral (Servel), lo mismo que el Gobierno, cuestionaron ayer los dichos del líder ultraderechista Sebastián Izquierdo, quien llamó a “hacer trampa” en el recuento de votos, este domingo.
El video difundido por el adherente del candidato presidencial José Antonio Kast causó revuelo y le valdrá una querella por delitos contra la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, como anunció ayer el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle. .
La referida normativa establece que “el que impida ejercer sus funciones a algún miembro de la junta electoral, mesa receptora, colegio escrutador o al delegado de aquélla, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio”.
Paralelamente, la jefa de campaña del candidato presidencial Gabriel Boric, Izkia Siches, denunció la campaña del abanderado del Frente Social Cristiano ante el Servel, no solo por el llamado explícito al fraude que hizo Izquierdo, sino por una seguidilla de episodios que a juicio de la expresidenta del Colegio Médico no son hechos aislados, sino más bien responden a una estrategia concertada para vulnerar la imagen y transparencia del proceso electoral.
Y quizás no se equivoqué, pues a otro nivel y con otro lenguaje -pero con igual efecto desacreditador- personajes relevantes de la derecha, como el senador Chahuán y el propio Kast plantearon la posibilidad de recurrir al Tribunal Electoral ante un eventual resultado estrecho en la segunda vuelta, lo mismo que hicieron Donald Trump y Jair Bolsonaro, cuyos ascensos al poder estuvieron tapizados de noticias falsas y manipulación de la opinión pública.
Nuestro país dio un gran paso en transparencia cuando en 2015 el Servel dejó la tutela del ministerio del Interior, obteniendo su total autonomía. Cuestionar la institucionalidad, desconocer su buen trabajo y promover un ambiente de crispación sobre un tema tan sensible en una elección, como es el escrutinio de los sufragios, está en las antípodas de una conducta política responsable.
Las viejas prácticas de que “en política el fin justifica los medios” y que éste (el fin) está por sobre los difusos límites de la legalidad vigente no pueden tener cabida en estos tiempos. Si se aceptan esos principios, estaríamos abriendo una caja de Pandora donde cualquier acción puede ser justificada en base a los objetivos que persiguen, sin atención a sus consecuencias o sustento valórico. Al respecto, nuestra historia ha demostrado una y otra vez los peligros que existen cuando se impone esta lógica en la actividad política.
Es importante que los políticos que ejercen o aspiran a ejercer cargos de representación popular, en todos los niveles, comprendan que los ciudadanos esperamos que actúen con absoluto e irrenunciable respeto a los principios de transparencia y conducta ética. De lo contrario, no merecen el voto.
