En horas de la mañana de este lunes, funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chillán llegaron hasta los municipios de San Carlos y Coihueco, para realizar diligencias en torno a un posible caso de uso de información privilegiada, negociación incompatible y violación de secreto, relacionado con licitaciones en ambos municipios.
En el caso de San Carlos, los funcionarios de la PDI retiraron al menos dos computadores y documentación desde la Dirección de Jurídica, considerando que mientras la Fiscalía Regional de Ñuble, mediante un comunicado, confirmó la existencia de una investigación por delitos de corrupción en torno a un proceso de licitaciones, se establecía que en el marco de estas mismas indagatorias se suspendió de su cargo al director de Jurídica, abogado Juan Orozco.
“Esta investigación ya empezó hace varios meses, dentro de esta administración y fue suspendido el abogado de confianza del alcalde, Juan Orozco, y dentro de esta misma investigación, pero en la Municipalidad de Coihueco se suspendió al director de Planificación de la comuna, Eduardo Laubrie Cerda”, confirmó el concejal de San Carlos, Jorge Silva, quien se excusó de entregar mayor información toda vez que se impuso secreto sumarial en la municipalidad.
Fuentes ligadas a la investigación sumarial explicaron a La Discusión que las licitaciones habrían favorecido de manera presuntamente ilícita a una empresa del rubro inmobiliario con domicilio en Chillán.
Licitación no se realizó
En un contacto en vivo hecho por Radio La Discusión con el alcalde de la comuna de San Carlos, Gastón Suazo, dijo que “retiraron dos computadores que corresponden a una funcionaria que trabaja en Secplan. Esta es una investigación en contra de una persona que realizó trabajos en varias municipalidades y que tiene una vinculación con este municipio que partió en 2018, pero que afortunadamente no se alcanzó a ejecutar, pero sí hay antecedentes que dan cuenta que se intentó hacer algo”.
Tras los resultados del sumario que realizó la Contraloría Regional es que se presentó una denuncia formal al Ministerio Público, que a su vez ofició a la PDI para incautar los computadores de los imputados que actualmente tiene la Fiscalía.
Mediante un comunicado del municipio sancarlino se dio cuenta que “la administración del alcalde Gastón Suazo no tiene nada que ocultar y se ha puesto a disposición de las entidades encargadas de la investigación”.
