Pese a no contar con un informe pericial que demostrara fehacientemente la intencionalidad tras el incendio que dejó a una mujer con el 68% de su cuerpo quemado, el Ministerio Público logró convencer a la jueza de Garantía, magistrado Claudia González , de decretar la medida cautelar de prisión preventiva en contra de la imputada por incendiar una vivienda en la Población Irene Frei, el miércoles anterior.
El fiscal Florentino Bobadilla se valió casi de manera exclusiva de testimonios de vecinos e incluso de c arabineros, quienes providencialmente patrullaban por las inmediaciones de la calle Hernando de Magallanes con el pasaje 26 cuando el fuego envolvía la casa que era ocupada por diversas personas, entre ellas Elizabeth Johanna Riquelme, quien permanece en riesgo vital, y su conviviente (expareja de la imputada).
Testimonios que, paradójicamente, tampoco eran determinantes, ya que ninguno daba cuenta de haberla visto quemando la estructura.
De todas formas, la sindicaban como la persona que había “entrado y salido a la casa cuando se inició el fuego”, o bien denunciaron que “en diferentes oportunidades la vieron amenazar a la víctima y su expareja, Cristian Aroca, con “quemarlos vivos”, especificó el fiscal en la audiencia.
“Por meterme en las drogas”
Declarado el incendio, Aroca salió al exterior para intentar apagar el fuego que subía por sus pies, los que resultaron con quemaduras de carácter grave, y además vieron a Johanna envuelta en llamas, “razón por la que carabineros debió, incluso intervenir para que la imputada no fuera agredida”, precisó el persecutor , quien añadió que según carabineros le dijo a Cristian Aroca, “a ver si ahora te sigue gustando tu monstruito, en relación a las quemaduras en la cara, cuero cabelludo, brazos, piernas y espalda con los que quedó la víctima”.
Es más, el propio personal policial acreditó que una vez en los calabozos, la detenida gritó que “mañana cuando me suelten, los voy a ir a quemar vivos, a ella, a él y a su mamá, por habernos metido en las drogas”.
La abogada defensora, Dafne Barrera, insistió en que, hasta ayer, el testimonio fiscal no se apoyaba en certificados ni peritajes oficiales y que “no se puede decretar la prisión preventiva solo en base a dichos, los que tampoco son concluyentes”.
Pese a esto, la imputada (se prohibió dar su nombre) quedó en prisión.
