Como inconstitucional, injusto y peligroso para los derechos de las personas, calificaron los senadores Felipe Harboe (PPD) y José Miguel Insulza (PS), el decreto presidencial que concede facultades en seguridad a guardias municipales.
“El Presidente de la República no puede entregar por decreto facultades que son propias, según la Constitución, de rango legal que corresponde al parlamento”, manifestó el parlamentario por la Región de Ñuble.
Agregó que esta medida es injusta y desigual y que podría aumentar los niveles de desigualdad en materia de seguridad ciudadana, “Porque sólo podrán ejercerlas aquellos municipios ricos que tengan financiamiento para poder contratar guardias municipales, dejando a la gran mayoría de los municipios pobres que no tienen potestades para ello”.
De igual forma, calificó la medida como peligrosa para los derechos de las personas, ya que se le están entregando facultades fiscalizadoras, de personas e incluso de recintos privados a funcionarios que no tienen preparación para ello.
“Están entregando facultades de fiscalización de personas y locales comerciales o incluso residencias a personal que no necesariamente tiene preparación adecuada. Pensemos que hay guardias de seguridad que estudian cursos de 24 horas; eso puede poner en serio riesgo la libertad, la seguridad de las personas y los DD.HH. de la gran mayoría de los ciudadanos” advirtió Harboe.
Finalmente, ambos parlamentarios establecieron que creen en la coordinación y cooperación entre el Gobierno y los municipios, “pero que ésta se deben hacer con otras medidas y no reemplazando la función constitucional permanente de Carabineros de Chile y de las FF.AA. en tiempo de catástrofe”.
