El estado catastrófico en que quedó la agricultura de comunas como Quillón, Ránquil, Ninhue, Chillán y Portezuelo, entre otras, requiere de medidas rápidas, concretas y efectivas.
Según el catastro preliminar entregado por el Ministerio de Agricultura, se trata de más de 6 mil agricultores que según las primeras estimaciones se han visto afectados por el fuego en las regiones del Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Ríos, y que representan cientos de miles de hectáreas de cultivos que no se recuperan en un mes, ni siquiera en un año, sino que en algunos casos, requerirán de cinco años para volver a producir lo mismo.
Más que un negocio, más que el rendimiento por hectáreas, es un trabajo de toda la vida lo que consumió el fuego estos días y que en algunas zonas continúa devorando, y lamentablemente, se trata de pequeños campesinos que no cuentan con un colchón financiero que les permita afrontar de buena forma siniestros como éste.
El ministro Esteban Valenzuela ha permanecido casi una semana en la zona y observar en terreno la gravedad de la situación: destrucción total de invernaderos, lo mismo que de miles de hectáreas de cereales, frutales y viñas; además de infraestructura como bodegas, tractores, equipos de riego, cercos, centrífugas, motobombas y estanques. De hecho, el miércoles anunció en Chillán el primer paquete de un plan de recuperación a corto y mediano plazo. “Serán ayudas integrales, sucesivas, incrementales con una actuación muy rápida”, explicó el secretario de Estado.
Cabe destacar que a diferencia de catástrofes agrícolas anteriores, esta vez más del 50% de los productores afectados (3.867) cuentan con seguros agropecuarios con subsidio estatal que tienen cobertura de incendios. Lo importante en este momento es que los damnificados realicen las denuncias para poder cobrar las pólizas.
Ciertamente, ante un verdadero “terremoto rojo” como éste, no cabe sino enfrentarlo con medidas certeras y recursos extraordinarios del presupuesto que se destinarán a subsidios, principalmente, para la compra de materiales de construcción, insumos agrícolas, plantaciones, sistemas de riego e infraestructura productiva, los que debieran canalizarse a través de Indap y otros organismos públicos, como Corfo, Sercotec y los propios municipios. La inyección de recursos al Indap también permitirá condonar las deudas que muchos pequeños agricultores afectados mantienen con este servicio, pues dadas las circunstancias actuales, no hay posibilidades de generar ingresos en un período bastante largo.
Es conveniente tener en cuenta que no debe ocurrir lo mismo que ha pasado en otras emergencias, específicamente en lo relativo a la lentitud en la entrega de soluciones, así como en la falta de prolijidad de los entes públicos que deben administrar la ayuda necesaria para que este grupo de chilenos vuelva a trabajar la tierra, aportando al postergado desarrollo económico de una región eminentemente agrícola.
