El Gobierno envió la noche del lunes a las mesas del congreso una propuesta sobre “Mínimos Comunes” de apoyo extraordinario a las familias y pymes en el contexto del Covid-19.
Esto, en el marco del diálogo iniciado el viernes pasado por el Ejecutivo y el Legislativo, que espera buscar una solución común a la crisis económica y social derivada de la pandemia, que evite recurrir a un cuarto retiro de los fondos previsionales.
El documento de tres páginas, apunta a “seguir avanzando en la búsqueda de mínimos comunes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para inyectar recursos a las pymes y aliviarlas de sus impuestos y gastos; revisar materias tributarias para que quienes ganan más paguen más impuestos para financiar las ayudas; y profundizar las ayudas a las familias chilenas que tantos dolores han sufrido por la pandemia”, se lee en el escrito.
Respecto de las ayudas sociales, el gobierno propone la incorporación, a través de un proyecto de ley, de una modificación que permita aumentar la cobertura del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) del actual 80%, llegando al 100% del Registro Social de Hogares.
“Lo anterior significa pasar de aproximadamente 13 millones de beneficiarios a más 14 millones y medio, y respecto del costo fiscal, incrementarlo de $1.830 millones de dólares a más de 2.050 millones mensuales. Esto implica un costo fiscal, hasta junio, de 6.000 millones de dólares”, se expone en el documento.
Así lo corroboró el diputado de RN, Frank Sauerbaum, quien destacó “el ánimo del gobierno a conversar sobre una agenda común con la oposición, terminando esta guerra y diferencias entre buenos y malos, porque todos queremos que el país esté mejor”, dijo.
Agregó que los recursos asegurados por el gobierno son definidos, a diferencia de los que propone la oposición, que no se sabe cómo se financiará.
“El gobierno también habla de iniciativas tributarias importantes, aunque echo de menos el término de exenciones tributarias para quienes más tienen. En general, creemos que los retiros previsionales no se acabarán, porque no están hechos para ayudar a las personas, sino que su fondo es terminar con el sistema de capitalización individual.
Eso sí, no creo que tengan el mismo apoyo en el parlamento, pues la situación mejorará y no se justificará”, manifestó.
Su par de la UDI, Gustavo Sanhueza, en tanto, relevó la conversación entre el Ejecutivo y el congreso para ir elaborando políticas que vayan en ayuda “a tiempo” para las personas.
“Pedimos reiteradamente al gobierno quitar la letra chica a las ayudas, y creo que este IFE 3.0 permite llegar con mayor rapidez y menos trabas, con ayudas más universales”, sostuvo.
Renta universal
Previo a conocerse la propuesta del gobierno, un grupo de diputados de oposición presentó una reforma constitucional que permite crear una Renta Básica Universal de emergencia, que buscaría establecer una renta equivalente al monto de la línea de la pobreza calculada por el Ministerio de Desarrollo Social, la cual, según el Informe Mensual del Valor de la Canasta Básica de Alimentos y Líneas de la Pobreza, de marzo de 2021, es de $176.201 por persona, aunque este último difiere caso a caso según la cantidad de personas que integren el hogar.
Además, fijaría como único requisito pertenecer al Registro Social de Hogares (RSH) y sería entregado mientras dure la alerta sanitaria por la pandemia, por lo que se desprende que sería una transferencia directa a los beneficiarios.
Así lo explicó el diputado DC Jorge Sabag, quien destacó que la iniciativa garantiza una renta universal a las familias chilenas durante la pandemia.
“Esta renta debe estar por sobre la línea de la pobreza, sin letra chica y abarcar a más del 90% de la población del país. Para ello hemos presentado también iniciativas en materia tributaria para poder financiar esta renta, llegó la hora de que las familias financien la crisis con ayuda del Estado, y no con sus ahorros”, afirmó.
Respecto de la constitucionalidad del proyecto, Sabag sostuvo que éste va como reforma, como norma transitoria, lo que permite con los 3/5 en ambas cámaras aprobarlo.
Según el diputado independiente, Carlos Abel Jarpa, “hoy existe consenso transversal en que debemos llegar con ayuda estatal a las personas que están pasando momentos complejos; hasta este minuto las familias han debido recurrir a sus propios fondos para sobrellevar esta crisis. Por ello, promuevo la idea de una renta básica universal que le permita a todas y todos quienes estén en el Registro Social de Hogares ser acreedores de este beneficio”, planteó.
Respecto de la propuesta del gobierno, dijo, “lo único que conocemos hoy es un IFE sectorizado; una minuta que no tiene una especificación clara ni detallada, por lo cual espero que ambos proyectos sean vistos y analizados en sala y llegar a acuerdo lo más pronto posible por quienes hoy tanto lo necesitan. Tenemos la obligación de demostrar que el diálogo iniciado entre el Presidente y el congreso es conducente a propuestas efectivas y oportunas”, aseveró.
Sobre la iniciativa presentada por la oposición, el diputado Gustavo Sanhueza se mostró abierto a analizarlo.
“Llegar con un ingreso universal sería quizás mucho más directo y bien recibido”, afirmó.
