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Los sucesivos escándalos de alcance nacional y local, relacionados con el mal uso de recursos fiscales, han vuelto a poner la atención de la ciudadanía sobre lo importante que es la idoneidad de los directivos y funcionarios que ocupan los cargos del servicio público.
Así lo confirman diferentes estudios de opinión, que sitúan a la presión de los partidos para beneficiarse con cargos como el principal vicio y obstáculo para que el Estado opere al servicio de la ciudadanía de una forma transparente, profesional y en lo posible al margen de la política partidista.
Justamente, para evitar esas desviaciones existe el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), que mediante un proceso de selección sobre la base de criterios técnicos y transparentes, busca que para llegar a ciertos cargos de la administración del Estado, prime la experiencia por sobre el amiguismo político.
Este mecanismo no es la panacea y de hecho en la edición domingo de La Discusión expertos y líderes gremiales reconocen sus deficiencias; sin embargo, es lo mejor que hoy tenemos en Chile para el reclutamiento del servicio público y debe primar en el reclutamiento de directivos y funcionarios. Actualmente, cinco importantes cargos se están concursando en la región vía Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). Se trata de la dirección ejecutiva del Servicio local de Educación Pública de Diguillín; y las direcciones regionales de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Instituto de Previsión Social (IPS), Servicio Nacional de Patrimonio Cultural e Instituto Nacional del Deporte.
Sin duda, la elección de estos cargos con un alto grado de componente técnico ha significado un avance en todo el país, no obstante, en algunos casos sigue primando el criterio político a la hora de definir entre aquellos candidatos(as) que llegan a la terna final, convirtiendo el proceso en una práctica para validar nombramientos de confianza política, todo lo contrario a su promesa central de “dotar a las instituciones de gobierno –a través de concursos públicos y transparentes– de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo”
Uno de los elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo, sobre todo en una región atrasada como la nuestra, es precisamente contar con un sector público eficiente y moderno, que sea apto para responder a los requerimientos actuales, y para ello, el Estado debe ser capaz de atraer a los mejores talentos de nuestra sociedad.
Diversos estudios y la experiencia de países que admiramos por su desarrollo político y social, han confirmado el positivo efecto que tienen directivos nombrados bajo sistemas de mérito sobre la gestión de organizaciones públicas, así como el deterioro que se produce sobre éstas cuando se abusa de las designaciones políticas.
Solo cabe esperar que nuestras autoridades –en todos los niveles de gobierno- tengan presente que los mecanismos de selección meritocráticos aportan una dosis sustantiva de legitimidad social, y se guíen por el mérito y no por cuotas partidarias que no hacen otra cosa que dañar el capital social que la región y sus 21 comunas tanto necesitan
