La Contraloría Regional del Biobío dio a conocer el resultado del sumario administrativo llevado a cabo por eventuales irregularidades cometidas por el municipio de San Carlos, en el marco de la ejecución de la obra de normalización y ampliación del edificio consistorial.
La denuncia fue efectuada por concejales de la comuna, en 2016, con el objeto de solicitar al organismo contralor efectuar una investigación especial en relación al otorgamiento de prórrogas en el plazo de ejecución de las obras, pese a que no concurrían los supuestos legales que las justificaban; y a atrasos en el desarrollo de los referidos trabajos.
El proyecto, adjudicado por el municipio a la Sociedad Ingetal Ingeniería y Construcciones S.A, por más de $ 4 mil millones, fue financiado por el Gobierno Regional del Biobío.
La investigación de Contraloría constató que la Municipalidad de San Carlos autorizó un total de tres prórrogas al plazo contractual establecido para la ejecución de la referida obra, fijándose finalmente la conclusión de ésta el 8 de febrero de 2016, en circunstancias que la fecha original era el 4 de septiembre de 2015.
Se verificó que los citados aumentos de plazo a la empresa contratista se debieron al incumplimiento de ésta, y fueron concedidos por la autoridad comunal, Hugo Gebríe, previa recepción de los informes favorables de la ITO de la obra, y del jefe de la Asesoría Jurídica del municipio, transgrediéndose con ello el principio de estricta sujeción a las bases.
Contraloría logró acreditar distintos grados de responsabilidad administrativa del suspendido alcalde, Hugo Gebrie; del director de Obras, Gastón Suazo; del ex director de Asesoría Jurídica y actual Director de Tránsito, Jorge González, y del profesional de la Dirección de Obras Municipales, Martín Cid, para quienes se propusieron medidas disciplinarias que van desde la censura y anotación de demérito, hasta multas del 5% y 15% de la remuneración mensual, en el caso de los funcionarios; y la remoción del jefe comunal, vía requerimiento de los concejales ante el TER. No se pudo formular cargos en contra de la Inspectora Técnico de Obras titular (ITO) , Flor Freire, pues ya no se desempeña en el ámbito público.
Pasos a seguir
Consultado el alcalde suplente de San Carlos, Pedro Méndez, sobre el resultado de la investigación y las sanciones propuestas, afirmó que los antecedentes ya están en manos de Jurídica para que se tomen las medidas que dispone la ley.
“Este informe será puesto en conocimiento del concejo, el próximo miércoles, para que tome razón. La ley faculta al alcalde para aplicar las sanciones propuestas, por lo que estudiaremos cada uno de los casos para tomar las respectivas definiciones. No hay que olvidar que los funcionarios pueden apelar a las sanciones”, sostuvo, agregando que estudiarán legalmente qué medida tomará el municipio en torno a demandar civilmente para recuperar los dineros que se dejaron de percibir por el no cobro de multas.
“Debemos ver el tema de la prescripción de los hechos también, por eso esperaré el informe jurídico”, dijo.
Respecto de la posibilidad de recurrir al TER por la responsabilidad del suspendido alcalde, Hugo Gebríe, manifestó que lo ve difícil, pues este organismo ya falló una causa en su contra, la cual se encuentra en el Tricel.
En tanto, la concejala denunciante, Lucrecia Flores (PS), es partidaria de presentar la denuncia para lograr restituir los recursos perdidos.
“Debemos perseguir la responsabilidad civil en esto, pues hubo un daño importante al patrimonio municipal, ya que no hubo cobro de multas. Como concejo y fiscalizadores debemos cumplir con la legalidad y denunciar. Si bien todos obedecieron órdenes el alcalde, hay responsabilidades administrativas, y lamentablemente, Gastón Suazo, quien fue parte de la denuncia e hizo todas las presentaciones para aclarar esto, recibió igualmente sanción”, planteó.
LA DISCUSIÓN intentó comunicarse con el suspendido alcalde, Hugo Gebríe, sin éxito.
Gebríe está a la espera que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se pronuncie respecto de su recurso de apelación subsidiario interpuesto en contra de la sentencia del Tribunal Electoral de la Región del Biobío, la cual acogió el requerimiento de remoción por notable abandono de deberes y contravención grave a las normas de probidad administrativa presentado por los concejales Lucrecia Flores, Jorge Silva y Mario Sabag. Los ediles denunciaron varias irregularidades durante la administración municipal de Gebríe, entre ellas, la contratación de familiares en el consistorio y la compra de terrenos en los alrededores de la comuna saltándose el procedimiento de licitación pública, “para beneficio propio y de terceros”, como lo estableció el fallo del TER.
Cabe recordar que este fallo, además, inhabilita al suspendido jefe comunal para ejercer cargos públicos por el término de cinco años.
