Si bien el ritmo de la reactivación económica es bastante más lento de lo esperado y la incertidumbre se sigue cerniendo sobre sectores productivos enteros, la decisión del Ejecutivo de desplegar un proceso de reapertura “paso a paso”, con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se puede calificar de acertada, a la luz de los números. La economía chilena debe aprender a “convivir con el coronavirus”, lo que afecta no solo los comportamientos de las empresas y los bienes y servicios que producen, sino también a los trabajadores y los ciudadanos.
Dicho lo anterior, hay que ser claros respecto a que la actual fase obliga a entender que las pandemias exigen acciones globales, coordinadas y armónicas. Es necesario reforzar las medidas de protección como elementos ineludibles en la cotidianidad. Aquí no hay excusas, y los mencionados protocolos de bioseguridad que se han emitido para todas las actividades permitidas deben ser aplicados con rigor, empezando por los responsables directos de cada sector y en cada empresa. Y, por extensión, exigirlos a todos los trabajadores independientes.
Aun cuando resulta razonable que se apele a las conductas individuales, no hay que desconocer que esta crisis reveló, para bien o para mal, las condiciones estructurales en las que viven millones de chilenos, por lo que muchos de ellos requieren soportes mínimos para sobrellevar ese proceso. De ahí que la exigencia para el cumplimiento riguroso de las medidas impuestas no pueda apartarse del monitoreo de los sectores más vulnerables para cerrar, en la medida de lo posible, grietas sociales por las que se filtran la desobediencia y el quiebre a las normas por la obligación de cubrir necesidades vitales.
Y ante la evidencia de que aún quedan meses críticos por afrontar y que las cifras que no dependen de la capacidad de diagnóstico, como los fallecidos y el índice de ocupación de las camas de UCI, resulta imperativo ampliar las estrategias institucionales para sumarlas a las medidas individuales y colectivas de protección.
Se trata nada más -ni nada menos- de llevar a la práctica la búsqueda de casos activos, pero de forma rigurosa, no 48 horas después de confirmado un contagio. La calificación pronta de grupos de riesgo y el testeo rápido han sido temas en permanente entredicho, que requieren ser atendidos con prontitud y la total convicción de que el rastreo y los cercos epidemiológicos que facilitan la detección y el control del virus es un camino bastante más razonable que imponer el aislamiento total.
