Chile es de los pocos países democráticos del planeta que no elige a sus autoridades políticas regionales. En nuestro caso se llaman intendentes y son designados por el Presidente de la República.
Siendo el acto de la designación no necesariamente pernicioso para el desarrollo de las regiones (hay evidencia de intendentes que han sido aportes al desarrollo regional), su principal debilidad es el escaso vínculo político que se provoca entre el representante y el representado. No obstante, tal debilidad se superaría con la elección directa de los intendentes, ahora llamados gobernadores regionales, iniciativa que se discutió durante tres años en el Congreso y sobre la cual -al menos hasta octubre del año pasado- había bastante claridad y certeza sobre su realización en 2020.
Sin embargo, después del estallido social las dudas se reinstalaron entre los regionalistas de todo el país, pues el Gobierno y los partidos que lo respaldan habrían sacado cálculos muy poco auspiciosos del apoyo popular que podrían recibir sus candidatos en octubre y, por lo mismo, ya no verían con buenos ojos una elección que un año atrás, para buena parte de la derecha, era carrera ganada.
Además, el ambiente interno en la coalición oficialista pasó de la unidad a uno de permanente tensión, con las relaciones entre RN y la UDI en uno de sus momentos de mayor debilidad por las diferencias públicas que tienen ante el plebiscito del 26 de abril, entre los que respaldan una nueva Constitución y quienes rechazan esa posibilidad.
Con el debate ya instalado, este mes será clave para ratificar o descartar la convicción del Gobierno de seguir adelante con la ley de transferencia de competencias, un aspecto clave de este proceso de descentralización, pues sin poder sobre la billetera fiscal no habrá validación democrática de la figura política del gobernador regional ante su elección popular y sí habrá un muy probable choque de liderazgos y protagonismos con el delegado presidencial regional, que seguirá manteniendo un amplio control sobre el total del presupuesto y los dineros que se invierten en cada zona.
Es de esperar entonces que éstos y otros aspectos sean resueltos a la brevedad, a fin de que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir este año a su máxima autoridad regional, completando el proceso de descentralización política que se inició en los noventa con la elección directa de los alcaldes y concejales, y que luego siguió el año 2013 con la elección de los consejeros regionales.
En el discurso público, de modo transversal, autoridades de Gobierno y parlamentarios, han expresado su respaldo a esta transformación descentralizadora, de modo que ha llegado la hora de honrar la palabra empeñada y sepultar el largo historial de decepciones que hemos presenciado en los últimos años, empujadas siempre por intereses centralistas que anidan en las internas partidarias y que son traspasados a sus diputados y senadores cada vez que se trata de transferir real poder a las regiones. Un discurso generalmente encendido, pero falso y que en su reiteración ha terminado por provocar el descreimiento y hasta al fastidio de los más 10 millones de chilenos que no vivimos en Santiago.
