El tema de la inseguridad está instalado desde hace mucho tiempo en la opinión pública local, pero ha cobrado especial vigencia estos días, a partir del alarmante incremento de homicidios registrados en los tres primeros meses de este año. Algunos están asociados al narcotráfico y a ejecuciones de sicarios, otros a disputas por asuntos económicos y familiares, y en todas el denominador común ha sido el uso de armas de fuego.
No se trata de una simple percepción. Se han registrado 8 muertes violentas, cifra inédita en Ñuble para un período tan breve. Igualmente, los datos confirman que no solo el delito de homicidio ha presentado una inquietante escalada, sino también el grado de violencia con que estos se ejecutan.
Está comprobado, además, que la masificación de las armas permea toda la cadena de delitos, pues alrededor del 70% de las víctimas de asaltos declara haber sido amenazada con un arma de fuego, y ante ello naturalmente aumentan las posibilidades de que un simple asalto termine en un homicidio, algo que por desgracia ya se está haciendo más frecuente.
Según estudios de la Fiscalía Nacional, de las casi 3.000 armas que se incautan anualmente, la mayoría corresponde a armamento inscrito por civiles, versus las casi 5.000 armas que se reportan como robadas o extraviadas y que van a caer en manos de los delincuentes. Por otra parte, cada año se inscriben más de 7.500 armas nuevas. En resumen, lo que se logra sacar de la órbita criminal no compensa el armamento que puede caer en manos de delincuentes o favorecer la comisión de un delito.
Por otra parte, diversos estudios, nacionales y extranjeros coinciden en la ineficacia de la tenencia de armas para la generación de seguridad y frustración de ataques criminales. De hecho, sería todo lo contrario, pues estas aumentan los riesgos para los residentes y sus vecinos, triplican el riesgo de suicidios y además se utilizan en casos de violencia intrafamiliar, como el doble homicidio ocurrido ayer en Quirihue, donde un hombre mató a su esposa y a un sobrino con una escopeta de caza.
Lamentablemente, la creciente sensación de temor no hace más que alentar la falsa idea de que tener un arma otorgará mayor seguridad a los ciudadanos, pero no es así. La experiencia de otros países (Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Australia, Noruega, entre otros) pareciera demostrar que mientras más restrictivo se es con el porte de armas y disminuye su circulación, baja la tasa de homicidios.
El problema de la inseguridad que sufre nuestro país no es algo de lo que deba hacerse cargo la población. Es el Estado el que la debe enfrentar de forma preventiva y estructural, incluyendo un mejor control de las armas de fuego, tanto respecto de su autorización, como de su tenencia. El Gobierno ha dado a conocer la puesta en marcha de un trabajo especial para prevenir homicidios. Sin embargo, las cifras siguen al alza y el sentido de urgencia debería acelerar un trabajo más concreto, planificado y dotado de recursos.
La evolución de la violencia homicida y el uso de armas de fuego es un tema de máxima preocupación para los ciudadanos, pero lo debe ser más para nuestras autoridades políticas, pues son ellas las que deben conducir al resto de la institucionalidad y producir resultados.
