Por uso malicioso de dos instrumentos públicos falsos y ejercicio ilegal de la profesión fue formalizado Luis Flores Pérez, quien según informó la Fiscalía falsificó certificados que acreditaban que era constructor civil e ingeniero en obras civiles de la Universidad de Santiago, lo que le permitió trabajar en la empresa a cargo del diseño y construcción del nuevo hospital para la Región de Ñuble.
El fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, explicó que precisamente la investigación se inicia por una denuncia que realizó el Servicio de Salud Ñuble, en 2017, “luego de que ellos pesquisaran que los títulos que había presentado uno de los profesionales de la empresa a cargo del proyecto no eran efectivos”.
El persecutor acotó que “con esos primeros antecedentes se inició la investigación por parte de la Fiscalía Local de Chillán, la que logró determinar que los dos títulos que presentaba eran falsos, toda vez que los números de rol de estos correspondían a personas distintas y a profesiones distintas. El imputado solamente había obtenido el título de técnico en riego en esa universidad, no así los otros”.
El fiscal Sergio Pérez explicó que para conseguir el trabajo en el proyecto del hospital, el imputado incluso engañó al Servicio de Registro Civil e Identificación, donde inscribió los supuestos títulos universitarios, lo que le sirvió para postular al trabajo del hospital.
“En octubre de 2017, el imputado simulando tener la calidad de constructor civil e ingeniero en obras civiles, valiéndose de los dos certificados falsos ya descritos, de la certificación del Servicio de Registro Civil y actuaciones profesionales en otras empresas del rubro que detallaba en su currículo logró integrar el equipo de profesionales de la empresa que se adjudicó el contrato para el diseño y construcción del nuevo hospital de Ñuble, en el cargo de jefe de Oficina Técnica. El imputado fue desvinculado de la empresa al verificarse la falsedad de las profesiones que simulaba”, detalló el fiscal jefe de Chillán.
Luis Flores Pérez arriesga hasta 5 años de presidio y por mientras se realiza la investigación, el Juzgado de Garantía de Chillán lo dejó con la medida cautelar de prohibición de salir del país.
