La ceremonia de inicio de obras de ampliación de las líneas Charrúa-Chillán y Monterrico-Cocharcas, este jueves, representa un punto de inflexión en la crisis de infraestructura de transmisión eléctrica que afecta a Ñuble hace algunos años y que se traduce en una limitada capacidad para responder a la creciente demanda en la región.
Son obras que tenían que partir en 2019 y que ya deberían estar operativas, sin embargo, recién ahora comenzaron y se proyecta que en dos a tres años más entren en servicio, lo que permitirá descongestionar la red y generar las holguras suficientes para cubrir la demanda insatisfecha.
Licitaciones fallidas, alzas de costos, un contrato que no se cumplió y rigideces normativas impidieron ejecutar las ampliaciones en el tiempo previsto.
Hace unos tres años que ambas líneas están operando al máximo de su capacidad, lo que ha impedido dar factibilidad de conexión a más de 1.300 proyectos de inversión en sectores como el agroindustrial y el inmobiliario, con el consiguiente impacto en la economía regional, que arrastra un desempleo crónico. Frigoríficos, sistemas de riego y numerosas viviendas han debido esperar para su materialización, mientras no pocas empresas optaron por irse a otra región o descartar sus iniciativas, lo que también ha significado menores oportunidades de inversión, crecimiento y empleo.
En ese contexto de crisis, las empresas distribuidoras cruzan los dedos cada verano temiendo que las altas temperaturas que afectan la capacidad de conducción eléctrica provoquen una caída del sistema, mientras el fantasma del racionamiento sigue rondando.
Afortunadamente, la presión de empresas como Copelec, de gremios como el comercio, la agricultura y la construcción, y de autoridades como el gobernador Óscar Crisóstomo, llevaron este problema al nivel central para exigir soluciones, donde la conclusión evidente era la necesidad de modificar la normativa para poder abordar estos proyectos con el sentido de urgencia que requerían. Así fue como el gobierno se hizo cargo y presentó el proyecto de ley de Transición Energética, que apuntaba a destrabar iniciativas paralizadas, facilitando a sus propietarios ejecutar las obras directamente y ajustando los valores a los mayores costos de construcción. Finalmente, con el decidido apoyo de parlamentarios locales, la ley se aprobó y el propio Presidente Boric viajó a Ñuble para encabezar el acto de promulgación, en diciembre pasado.
La coordinación de los gremios locales, el trabajo colaborativo público-privado y la voluntad de CGE y de su controlador chino State Grid por avanzar en la búsqueda de soluciones han permitido llegar a este punto, calificado como un hito para la crisis de transmisión eléctrica que enfrenta Ñuble.
Hoy la región mira con más esperanza el futuro, porque la ejecución de estos proyectos reducirá su brecha de infraestructura de transmisión y brindará oportunidades de inversión y crecimiento económico; sin embargo, con estas obras la estrechez se podrá superar solo por algunos años y en ciertas zonas, ya que aún persiste la tarea de robustecer la red regional principalmente en Itata y en la zona cordillerana, frente a desafíos como la descarbonización de la matriz energética y el avance de la electromovilidad. Asimismo, el alza sostenida de la demanda eléctrica impone el desafío de una adecuada planificación de las obras de expansión de la transmisión, de manera de evitar que se conviertan en obras urgentes cuando ya se cierne la amenaza del apagón.
