Hay una política de “lucha” y una política de “desarrollo”. Cada una de estas ideas encarna distintas visiones del mundo y probablemente también distintas posiciones existenciales.
Si uno cree que la política es una forma de implementar el desarrollo necesario para que la mayor parte de las personas disfruten de la mejor situación que una sociedad puede alcanzar, concibe esta actividad no como utopías y sueños, sino como un instrumento para alcanzar el bien común, a través del debate y la búsqueda de acuerdos entre quienes piensan distinto.
Si uno cree, en cambio, que la política es lucha centra su mirada en el enemigo. O en los muchos enemigos que necesita recrear constantemente para alimentar su estructura de sentido. La tarea es enfrentarlo y vencerlo. El día se organiza a partir de la antinomia y las horas pasan inventando estrategias para debilitar al adversario. Para la política de “lucha”, el descenso al ruedo igualitario del debate es inconcebible y la propaganda desarrolla una retórica engañosa, hoy conocida como “fake news”.
De esa última lógica y sus manifestaciones tuvimos mucho en el anterior proceso constitucional, donde la izquierda obtuvo una amplia mayoría, controló la convención y pasó por encima de la minoría de derecha. El resultado fue un texto que terminó siendo rechazado ampliamente por la ciudadanía en septiembre del año pasado, precisamente por su incapacidad de recoger y conciliar las diferentes miradas presentes hoy en la sociedad chilena.
Tras el sorpresivo y abrumador triunfo que obtuvo ayer el Partido Republicano, el riesgo que aquello vuelva a ocurrir en este segundo proceso constitucional no es menor, ya que al igual como ocurrió con la izquierda en la Convención, en el nuevo Consejo Constitucional la derecha tiene una amplia mayoría que le otorga el control total de este organismo, cuya misión es aprobar o rechazar el anteproyecto de nueva Carta Magna que actualmente elabora la Comisión de Expertos.
Esta segunda oportunidad que tenemos para dejar atrás la Constitución del 80 requiere un esfuerzo superior por generar una ecología de diálogo político a lo largo de todo el proceso, algo en que muchos de sus integrantes no creen, como lo han venido demostrando con ásperas y estridentes declaraciones.
La función política es una de las actividades de mayor impacto social, debido a que las decisiones que se toman afectan directamente el bienestar de las personas, más si se trata de una Constitución, la ley más importante de un Estado, aquella que regula los aspectos fundamentales de la vida política y económica de una Nación.
Por eso, ninguna mayoría ocasional debería pasarle una aplanadora a cualquier manifestación política y social divergente. Las constituciones son, en primer lugar, la garantía de derechos para las minorías, y el nuevo pacto social que Chile sigue esperando debe ser fruto de la reflexión, del diálogo y de la confrontación de ideas; no de la imposición, la descalificación y de la errada creencia que las únicas ideas válidas son las que circulan por nuestra cabeza y que exactamente ésas deberían transitar por todas las demás.
Es de esperar, entonces, que la hegemonía indiscutible que la derecha tiene en el Consejo Constitucional no derive en una aplanadora que sepulte esta segunda oportunidad de escribir, en democracia, una nueva Constitución que interprete a la mayoría de los chilenos y chilenas.
