Luego que el Juzgado de Garantía de San Carlos decretara la prisión preventiva en contra de los abogados Ricardo Vallejos -administrador municipal de Chillán- y del juez de Policía Local de Pemuco, Marcelo Campos -asesor del municipio de Chillán-, en el marco de la investigación del “Caso Led”, Vallejos renunció en forma indeclinable a su cargo de administrador municipal, lo que no fue imitado por Campos.
Internado en la cárcel de Chillán y con una medida cautelar de prisión preventiva confirmada por la Corte de Apelaciones, “quien lo está reemplazando como juez de Policía Local es el abogado Fernando Vallejos, a él lo designó la Corte”, dijo el alcalde de Pemuco, Johnson Guíñez.
Fernando Vallejos Palacios es hermano de Ricardo Vallejos, el formalizado exadministrador municipal de Chillán.
Pese a la afirmación del alcalde, desde la Corte de Apelaciones declararon que “no fue este tribunal quien lo designó”.
Según explican, existe un procedimiento ejecutado cada enero, en el que a la Corte se le hace llegar una terna con los suplentes para cada Juzgado de Policía Local (JPL) de la región.
Terna que si bien nombra el alcalde, es en definitiva, el propio JPL quien la debe hacer correr ante la ausencia del titular, siendo el primero de la lista quien debe asumir. Y en este caso, es Vallejos Palacios.
Su nombre ya había sido cuestionado en julio de 2018, cuando quedó en la terna designada por la Corte de Apelaciones para asumir como notario, pese a quedar en el lugar 43 de las calificaciones. Algunos sectores políticos cuestionaron el que paralelamente, la gobernadora de la entonces Provincia de Ñuble, Paola Becker, hubiera contratado al hijo del ministro de la Corte, Claudio Arias, como abogado.
Si bien el hecho de que Vallejos haya asumido el reemplazo no es ilegal, para el senador Víctor Pérez (UDI), “es obvio que es algo no bien visto, pese a que solo se esté en etapa de formalización. Creo que debiera actuar con mayor sensibilidad, porque el impacto que esto causa en la opinión pública podría ser serio”.
Añadió además que “la Corte de Apelaciones tiene la palabra en esta situación, ellos tienen los mecanismos para conversar, citar o evaluar lo que es mejor, y el subrogante debe comprender que esto genera impacto y contamina”.
Finalmente, al revisar el resto de la terna en el JPL de Pemuco, aparecen los abogados Juan Pablo Villanueva y Federico Espinosa.
Itelecom en San Fabián
Fue en 2019 cuando la empresa Eliotec, Ingeniería Eléctrica (de Teno, Región del Maule) se adjudicó la licitación para la instalación de luminarias con tecnología led para la comuna de San Fabián.
La ejecución tendría que esperar, puesto que otra de las postulantes, Elec Chile (de Santiago) presentó un reclamo tras verificar que ciertos antecedentes presentados por la empresa maulina no tenían sustento.
Y todo volvía a foja cero, lo que a la postre terminaría favoreciendo a Itelecom.
La empresa de León Lefort, uno de los imputados por soborno que involucra el “caso led” que también incluye delitos de cohecho, violación de secreto y lavado de activos en las regiones de Tarapacá, Ñuble y Metropolitana, solo registra negocios con dos comunas de Ñuble: San Fabián y Chillán. Nada más.
El alcalde Claudio Almuna explica que “se tuvo que volver a hacer la evaluación y en esa instancia, Itelecom resultó mejor evaluada por trayectoria y porque tenía un respaldo económico que nos daba mayores garantías”.
Adjudicada la licitación a Itelecom, vino una nueva denuncia. Esta vez en contra de Itelecom, y no en Mercado Público, como la anterior, sino que a la Fiscalía Local de San Carlos (con jurisdicción sobre San Fabián) y quien la recibe e investiga fue el fiscal Rolando Canahuate.
Si bien durante sus indagaciones no se advierten ilícitos en la relación de Itelecom y el municipio de San Fabián, es en este proceso investigativo que el Ministerio Público descubre vínculos entre Lefort y los funcionarios municipales de Chillán, Ricardo Vallejos (entonces administrador municipal) y el abogado asesor Marcelo Campos (juez de Policía Local de Pemuco).
Ya en manos del Ministerio Público de Chillán, su jefe, el fiscal Sergio Pérez, en colaboración con Rolando Canahuate, continúan con la causa, hasta que el martes 5 de mayo, se detuvo a ambos abogados en un operativo que significó allanamientos en sus domicilios, en los de otros funcionarios municipales, en la propia municipalidad y en el Juzgado de Policía Local.
Paralelamente, se hizo lo propio en Iquique, que dejó a 13 detenidos, entre ellos cuatro concejales) y se arrestó a Lefort, en Santiago.
Vallejos y Campos están en prisión preventiva. La causa está con secreto por 40 días, desde el 5 de mayo.
“Lamento todo esto, pero dejar claro que actuamos con total transparencia y si la primera empresa no hubiese cometido errores, ellos hubiesen hecho el trabajo, no Itelecom”, cerró el alcalde Almuna.
