Una demanda en contra del Estado y una millonaria indemnización presentó el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien reveló haber sufrido torturas durante la dictadura.
Se trata de una indemnización de perjuicios en contra del Fisco por crímenes de lesa humanidad, exigiendo una indemnización de $200 millones.
La demanda fue declarada admisible por el 7º Juzgado Civil de Santiago, el pasado 18 de agosto.
Llaitul fue incluido en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por la Comisión Valech II, con lo cual tiene un reconocimiento oficial como víctima de una grave violación a los derechos humanos durante la dictadura.
Por lo mismo, no debe demostrar ante tribunales que fue víctima de prisión política y tortura, sino solamente el daño que habría sufrido, publicó diario La Tercera.
En el texto legal, relata su detención en abril de 1988, el los últimos años de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, mientras era estudiante de la Universidad Católica de Valparaíso.
“Cuando fui detenido el 28 de abril de 1988, estudiaba trabajo social en la Universidad Católica de Valparaíso y era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fui detenido por Carabineros, reducido a golpes por efectivos de las fuerzas especiales de Carabineros, fui trasladado junto a otros compañeros a dependencias de la comisaría Central de Carabineros de Valparaíso, donde al igual que muchos compañeros fui sometido a maltrato físico y verbal”, dice Llaitul en la acción, añadiendo que fue trasladado a la cárcel de Quillota y en el lugar, fue aislado e incomunicado.
“En la cárcel de Quillota fui interrogado por agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), en tres ocasiones en días distintos durante los diez días que permanecí incomunicado (…) fui sometido a golpes con la vista vendada y esposado, fui desnudado y se me aplicaron descargas eléctricas en los tobillos, desconozco si había alguien más. También fui interrogado en dos ocasiones por el Fiscal Naval, quien me amenazaba, ordenaba los interrogatorios y las incomunicaciones”, acotó.
“Es de justicia que Héctor Llaitul Carrillanca sea indemnizado por parte de quien fue responsable de la situación que debió sufrir: detención ilegal y arbitraria, incomunicación prolongada, lo que constituye un trato inhumano y degradante, y torturado bajo prisión política”, afirma la demanda patrocinada por el abogado Alberto Espinoza, quien presentó la primera querella contra Augusto Pinochet y ha sido el histórico abogado de la mayoría de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
