La actitud que algunas autoridades locales tomaron frente al ser consultados respecto a si -a su parecer- en Ñuble existe o no crimen organizado, recuerda con total mérito al cuento clásico de “El Traje Nuevo del Rey”, de Hans Christian Andersen.
Claramente, nadie se animó a contradecir lo expuesto en el informe de secuestros 2024 emanado por la Fiscalía Nacional, y así, exponer la “desnudez” de argumentos para establecer semejante categorización.
En concreto, el documento que fue hecho público la semana anterior, presentaba una completa estadística, pormenorizada regionalmente, con la cantidad de secuestros investigados en los últimos diez años.
La indagatoria establecía 130 casos en Ñuble y agregaba que un 43% de estos hechos estaban vinculados al crimen organizado.
Raro, a lo menos, si se entiende que hasta la fecha, las autoridades locales -incluyendo a la Fiscalía Regional y a ambas policías- siempre han negado tajantes que en Ñuble se tenga antecedentes de la existencia de este tipo de estructuras delictuales profesionalizadas y destinadas a la diversificación de delitos sistemáticos que buscan la consecución de dinero y la corrupción del sistema estatal.
Para aclarar si se trataba solo de un error de conceptos, tal vez una diferencia semántica, o de criterios que no terminan por unificarse entre las diversas entidades de mando, LA DISCUSIÓN les extendió -a través de los respectivos canales de comunicación- una solicitud de aclaración y una opinión concreta a la PDI, a Carabineros, a la Fiscalía Regional, a la Seremi de Seguridad y a la Gobernación Regional.
Sin embargo, no se obtuvieron respuestas por parte de ninguna de estas instancias.
“Nadie va a salir a desmentir a la Fiscalía Nacional”, nos dijo “en off”, uno de sus periodistas.
Más conversaciones “en off” hubo. “Lo que pasa es que para la Fiscalía se tienen que cumplir algunos criterios específicos para determinar la acción del crimen organizado, y en cambio, acá se estima que debe haber otras características”, explicaron unos.
“No estamos en posición de aclarar y/o apoyar, o desmentir a la autoridad”, manifestaron otros.
Peor aún, otros comprometieron respuestas que nunca llegaron, dejando claro que el debate no les gustó para nada.
En contraste, quienes no parecen perder el relato al respecto, son los parlamentarios de la zona.
Para ellos no caben dudas: Sí hay.
Es más, piden dejar de negar una realidad -a su juicio- evidente para así comenzar ya a trabajar en estrategias concretas para evitar su avance.
Es esta idea la que redondea el diputado Felipe Camaño.
“El crimen organizado existe, y por eso hay que perseguirlo apenas se presenta y no esperar a que extienda sus redes en nuestras regiones; hace unos años veíamos como delincuentes se paseaban con metralletas por Chillán, e incluso la prensa nacional advirtió hace semanas que un narco internacional tiene un centro recreativo en Chillán, algo innegable y que es muestra de que las medidas deben tomarse hoy”, comentó.
Insatisfecho con el relato de los encargados del Orden y Seguridad, añadió que “lo importante es que no le bajemos el perfil a las cifras y entendamos que son avisos para que la autoridad tome cartas en el asunto, por la seguridad de todos”.
Aún más crítica se mostró la diputada, Sara Concha.
“Durante años, se insistió por parte de la Delegación Presidencial de Ñuble que nuestra región estaba libre del crimen organizado. Hoy, los propios datos oficiales desmienten ese relato”, observó.
Luego, cuestiona si “hubo desconocimiento o falta de capacidad de análisis o simplemente, se optó por minimizar la situación. Cualquiera de estas opciones, es gravísima, porque hoy no queda claro si se tomaron las medidas adecuadas a tiempo o si se subestimó la amenaza”.
Y a propósito de diagnósticos, la diputada Marta Bravo, también criticó lo hecho por las autoridades en esta materia.
“Como doctora he aprendido que debemos ser súper autoexigentes en los diagnósticos y en la prevención, dado que es la mejor forma de aplicar un tratamiento anticipado, rigroso y con la mayor proactividad posible. Esto también es aplicable al crimen organizado, por la gravedad de sus efectos en el bienestar de las personas”.
Para la parlamentaria, “las autoridades de gobierno no pueden minimizar la situación delictual de Ñuble, con el propósito de congraciarse con la comunidad o que se piense que está todo controlado, cuando hay un reporte objetivo de Fiscalía que da cuenta de secuestros vinculados a estas asociaciones criminales”.
Definiendo el crimen organizado
Cierto, bandas criminales han existido toda la vida en Ñuble, siendo una de las más famosas de todas, la de los Pincheira, en el siglo 19.
Hay bandas de ladrones de camiones de transportes, otras dedicadas al robo de ganado y aperos; las hay con especialización en robo en lugar no habitado, bandas de reduccionistas y asociaciones delictuales vinculadas a la pedofilia, al contrabando de cigarrillos, venta ilegal de fármacos y ni hablar del tráfico de drogas. Todo eso, acá en Ñuble.
Pero nada de eso califica para “crimen organizado”. Y eso hay que tenerlo prístinamente claro.
Lo anterior, conforme a nuestro Código Penal, se tipifica como “asociación ilícita”, que se refiere a la simple unión de dos o más personas para cometer delitos, sin involucrar actividades ilegales a gran escala, no posee estructuras ni jerarquías complejas ni redes externas asociadas.
Tampoco se las vincula a redes de corrupción ni al levantamiento de empresas falsas cuyo propósito es el lavado de dinero.
El crimen organizado, en cambio, sí presenta jerarquías, estructuras establecidas con roles definidos, muchos de ellos profesionalizados. Y considerando que el objetivo principal de estas estructuras es el lucro, cuentan con un respaldo económico capaz de corromper a algunos representantes de estamentos políticos, gubernamentales, policiales, militares, de las entidades persecutoras y del Poder Judicial.
Es por esto que su presencia comienza a dejar señales cada vez más claras en los lugares en los que se asienta, como la aparición de locales que en los últimos años han levantado fundadas sospechas y operativos concretos, como las barberías (herencia de la crisis migratoria), restaurantes, centros de eventos ubicados en parcelas, locales de ropa de segunda mano, además de casinos populares, entre otros tipos de emprendimientos falsos que apuntan a lavar dinero.
“Y de todo eso hay en Chillán”, afirma el exprefecto de Carabineros de Ñuble y exconsejero regional, coronel (r) John Polanco, quien también formó parte del equipo de televigilancia aérea de la Coordinación Regional de Seguridad, durante la administración presidencial de Sebastián Piñera.
“Las señales comenzaron a ser evidentes hace mucho tiempo y nosotros como unidad las fuimos advirtiendo desde un comienzo, sin embargo, hay una clara intención desde los gobiernos de turno por querer minimizar estas señales, o asentar un relato tranquilizador para que no se les disparen las cifras de sensación de inseguridad. Una cosa es generar miedo de manera irresponsable pero otra muy distinta es desatender el problema y hacerse cargo recién cuando está sobrepasado”, asevera.
Por eso, para el exuniformado, “sí hay crimen organizado en Ñuble y lo que estamos viendo ahora, es el resultado de algo que se viene tramando hace años. Personalmente, avisé a todas las autoridades cuando en 2013 comenzamos a realizar los operativos de clausura de los casinos populares. Detectamos todas las evidencias de que se trataba de una maquinaria de lavado de activos, pero, lamentablemente, no nos escucharon y lo único que me dijeron es que no contaban con el personal suficiente para hacer fiscalizaciones, cuando la idea era generar el marco normativo necesario para caducar sus patentes”.
Pero quien da una pista clave sobre esta divergencia de opiniones respecto al fenómeno en Ñuble es Jorge Aguirre Hrepic.
Aguirre Hrepic es consultor en seguridad, jefe de Seguridad durante la presidencia de Michelle Bachelet y consultor de la ONU en materias de criminología. Ha estudiado la realidad delictual de la zona centro-sur de Chile en las últimas décadas y ha destacado a Ñuble como una región que se encuentra en riesgo por encontrarse entre dos regiones con presencia confirmada de organizaciones de la talla del Tren de Aragua.
En diversas ocasiones ha dicho que “el crimen organizado, por tener como objetivo el lucro más que la violencia, busca siempre ampliar sus fronteras y si puede transformarse en una entidad internacional, para ellos es mejor. Por eso no hay que confundirse, porque el que una ciudad o una región, en este caso Ñuble, no cuente con una jefatura asentada allí, no significa que esa zona esté libre de sus operaciones, como las extorsiones, los secuestros o el lavado de activos”.
En síntesis, para el perito criminalístico, “puede que en Ñuble no estén los cabecillas ni esté el centro de las operaciones, pero que hay operaciones vinculadas a estas organizaciones, eso es indesmentible”.
130 secuestros en 10 años
Una de esas “señales claras” de la presencia de crimen organizado son los secuestros.
Aunque en Chillán ha habido condenas por secuestros desde el 2005, algunos con carácter extorsivo, otros asociados a conflictos pasionales e incluso casos de mujeres acusadas por el delito de sustracción de menores, tratándose de sus propios hijos, los hechos relacionados al crimen organizado han sido más difusos y poco difundidos.
Sin embargo, desde el Gobierno han establecido que este tipo de crímenes han experimentado una fuerte alza en el país, convirtiéndose en un foco de investigación frecuente, precisamente, por sus vínculos con el sicariato, las extorsiones, las torturas y otras prácticas propias del crimen organizado. Por lo tanto, se establece que ahora ya se trata de redes dedicadas a ese delito.
El último informe emitido por la Fiscalía Nacional consigna 864 casos en Chile durante 2024 y especifica que en 2014, fueron 360. El punto de inflexión lo marcaría el 2022, cuando se observó un alza que pasó de 492 a 826 casos.
En Ñuble se registraron 130 casos en ese mismo periodo, sin embargo, entre 2023 y 2024 hubo un incremento de un 43%, transformándose en la segunda región del país con más alzas, tras la de Los Lagos.
Y en cuanto al crimen organizado, el estudio de la Fiscalía Nacional asocia a este fenómeno, un 43% de los casos locales.
Un 17% está vinculado a disputas domésticas, otro 7% a otro tipo de actividades delictivas, mientras que un 0% a iniciativas por delitos sexuales.
Dentro del contexto nacional, en lo que respecta a la nacionalidad de los imputados y/o sospechosos, el 25% de los casos involucran al menos a un extranjero, cifra que refleja un aumento de diez puntos porcentuales respecto de 2022 (15%).
Dentro de este grupo, el 63% correspondería a personas de Venezuela y un 20% de Colombia, constituyendo las dos nacionalidades con mayor presencia en todos los períodos analizados.
Otro factor a considerar es que un grueso de los imputados por secuestros extorsivos eran personas conocidas de las víctimas; y en cuanto a los secuestros por disputas familiares o domésticas, un 37% de los afectados dijo tener sospechas de sus exparejas.
Herramientas de defensa
El homicidio del empresario del barrio Meiggs, José Felipe Reyes, a manos de un grupo de sicarios se tomó la agenda noticiosa y política del pasado mes de julio, en especial, que uno de los asesinos fuera puesto en libertad por un supuesto mal entendido entre el Juzgado de Garantía y Gendarmería, instancia que generó la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.
Uno de los argumentos para justificar la atención política fue que, pese a que la tasa de homicidios en Chile alcanzó un 4,7 por cada 100 mil habitantes, la de secuestros creció con mucha más amplitud.
Fortalecer a las policías y los órganos encargados de seguridad, ha sido una de las consignas más escuchadas.
Mientras que en Ñuble, los diputados van en esa misma dirección.
Felipe Camaño dice que “la aplicación de planes como el Calles sin violencia, y más medidas de prevención, sobre todo, en los sectores rurales en donde los narcos y el crimen organizado están encontrando un lugar perfecto para instalarse debido a la falta de fiscalización, y se demuestra también con el alza de delitos violentos en los sectores rurales”.
Por tanto, aclara que “desde el congreso hemos impulsado una serie de proyectos para sancionar con más fuerza los delitos cometidos en sectores rurales, pero entendemos que la solución no solo pasa por subir las penas, sino que por políticas públicas que impidan que el delito migre y que cada vez que se refuerce la seguridad en la Región Metropolitana, terminen siendo las regiones las que sufren ante la falta de soluciones integrales para ellas también”.
Sara Concha, añade que “como diputada, exijo claridad y coherencia institucional, Ñuble no necesita más discursos tranquilizadores, necesita una estrategia real, recursos concretos y la voluntad política antes que el crimen organizado se siga consolidando en este territorio”.
La diputada Marta Bravo, agrega que “recientemente aprobamos el proyecto que crea la Fiscalía Supraterritorial, entidad especializada en la investigación de estos delitos de alta complejidad, con alcance nacional e internacional. También, es fundamental que el Estado de Chile provea de mayores tecnologías y herramientas de inteligencia, que han sido útiles en otros países”.
Finalmente, la profesional añade que “hay dos temas adicionales que son muy sensibles, como el control fronterizo, especialmente marítimo, y terminar con el déficit de cárceles de alta seguridad. Durante el período electoral habrá muchos ofertones, pero debemos racionalizar el debate y contribuir todos a extirpar este germen”.
