Por 132 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados despachó la propuesta proveniente del Senado que extiende hasta el 31 de diciembre la vigencia de la ley que prohíbe los cortes de servicios básicos, y cuyo plazo justamente vencía el jueves.
Una de las modificaciones del texto formulado en la Cámara Alta indica que las deudas contraídas con las empresas entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de noviembre de 2021 se podrán prorratear hasta en 48 cuotas, y no en 36, como dictaba la norma anterior.
Es decir, si una persona acumuló una deuda por complicaciones económicas en las cuentas de luz, agua o gas no necesariamente la tiene que pactar en tres años, sino que puede hacerlo en cuatro años, según dio a conocer radio Cooperativa.
También se amplió la cobertura de la ley: ahora pueden optar al beneficio quienes estén dentro del 80 por ciento de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares, cuando el cuerpo legal anterior solo contemplaba al 60 por ciento.
Asimismo, pueden acceder a él los adultos mayores; quienes reciben pagos de la AFC; los acogidos a la Ley de Protección del Empleo o quienes pactaron una reducción temporal de jornada y trabajadores independientes afectados por una disminución importante de ingresos.
A la espera de que la iniciativa sea promulgada por el Gobierno, las compañías integrantes de la Asociación de Empresas Eléctricas de forma voluntaria continuarán sin cortar el servicio a los mismos beneficiarios establecidos anteriormente, sin intereses ni multas, de acuerdo a El Mercurio.
Llamado a solución de fondo
Por otro lado, el director ejecutivo del gremio, Rodrigo Castillo, llamó a que, “con el mismo sentido de urgencia y profundidad con la que se ha tratado la extensión de plazos, se desarrolle la discusión en la mesa de trabajo que han acordado el Congreso y distintos ministerios, sobre las soluciones de fondo que necesitan las familias para resolver el problema de la acumulación de deudas en sus servicios básicos’’, que equivaldrían a más de 600 mil grupos familiares.
“Es para ellas, tanto como para la sustentabilidad de la actividad sectorial, que hacemos un llamado urgente a buscar una solución equitativa y coherente con el marco regulatorio vigente”, cerró.
