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Hasta 32 oficinas fedatarias habría en Chillán si aprueban ley que busca la desnotarización

Mauricio Ulloa

Según estudios realizados a nivel nacional, una persona tarda aproximadamente, entre 45 minutos y una hora y media en realizar algún tipo de trámite en una notaría.

Lapso de tiempo que no resulta compatible con la modernización de otro sinnúmero de entidades privadas y públicas, que se han inclinado a lo digital y la tramitación online, lo que libera a muchos usuarios del trabajo de trasladarse de una comuna a otra para realizar esas diligencias.

Es por eso que en el Ministerio de Justicia se está realizando una presión, que ha incluido lo mediático, para que el Senado vote el proyecto de ley que crea la figura del fedatario, y permita la creación de páginas web para las notarías existentes.

Lo anterior se fundamenta en que, la de las notarías en Chile, “es una normativa que viene de la década de los 40 y por lo tanto, claramente, se requiere que haya una modernización del sistema”, explica la seremi de Justicia de Ñuble, Jacqueline Guíñez.

La seremi, esta pasada semana, estuvo en varias reuniones de la cartera, y dio diversas entrevistas en medios locales, precisamente para explicar la importancia que tiene para el Gobierno sacar adelante esta iniciativa, que se ha tratado de aprobar, infructuosamente, desde el año 2011.

La figura del fedatario se basa en otras existentes en el extranjero, principalmente en países como Estados Unidos, y corresponde a oficinas en las que se pueden realizar algunas de las tramitaciones más comunes, pero al mismo tiempo menos complejas que se realizan en las notarías.

Para graficarlo de mejor manera, en todo el país se habla de que el nuevo fedatario hará el trabajo que se realiza cotidianamente “en el mesón” de las notarías.

Conforme a este proyecto, se pretende crear entre cuatro y ocho oficinas fedatarias por cada notaría existente.

Si la proporción no varía en eventuales futuras indicaciones al proyecto de ley, en Chillán, que cuenta con cuatro notarías (más otras dos en etapa de aprobación), podrían establecerse entre 16 y 32 oficinas fedatarias.

Aunque no hay nada concreto, en el Gobierno hay un especial entusiasmo respecto a su aprobación.

“Ya en enero se dio un paso que antes no se había conseguido, que es que se haya aprobado en la Cámara de Diputados y haya pasado, por consiguiente, a la Cámara del Senado”, apuntó la seremi.

Pese a que este paso se celebró como un triunfo en enero pasado, a mediados de este mes el propio ministro de Justicia, Hernán Larraín, criticó el que por novena vez desde entonces, se haya renovado la condición de urgencia del proyecto.

Conforme a la seremi, esto es porque en esta etapa, “se han hecho nuevas indicaciones que están en marcha y se han considerado, por lo que seguimos en el Senado, esperando que toda esta promoción que se ha hecho, sirva, porque aunque se ha renovado nueve veces la urgencia, no se ha logrado”.

Hacia la modernización

La eventual creación de esta nueva institución de fedatarios no solo busca evitar que los notarios tengan que hacer todos los trámites como declaraciones juradas, finiquitos, y otras diligencias que podrían resolverse con mayor celeridad y menos tramitación, sino que además presenta alcances en temas de modernización y tecnología.

Así como se observa, por ejemplo, en el Registro Civil, se espera se avance a la tramitación online de los aspectos de menor cuidado legal.

Sin embargo, Jacqueline Guíñez añade que “no podemos olvidar que en algunos aspectos, las notarías funcionan como cualquier otro negocio, por lo tanto, los usuarios necesitan poder comparar precios y otros aspectos para escoger en qué notaría realizar sus trámites, y no tener que ir oficina por oficina para comparar”.

No todos ven solo bondades en estas posibles notarías virtuales. El notario de Yungay, Marcelo Riesco, advierte que “es muy común encontrarnos con personas que vienen a realizar trámites con nombres de personas que no existen, con firmas que no corresponden a las partes e incluso hemos detectado cédulas de identidad falsificadas, por lo que el escenario de lo tecnológico, evidentemente, trae numerosas ventajas, no nos podemos olvidar que aquí lo que está en juego es la Fe Pública, y eso es delicado”.

La delicada fe pública

Se ha dicho que si desde 2011 el proyecto que crea los fedatarios y moderniza en lo digital a las notarías, no ha visto la luz verde, es por presiones que el propio rubro ha hecho para que esto no se concrete.

Sí es un hecho que el mismo presidente de la Asociación Nacional de Notarios y Conservadores de Chile, Alfredo Martín, ha dicho que “la creación de un fedatario es un factor de riesgo a la fe pública”.

Se debe tener en cuenta que la fe pública notarial impuesta por el legislador a los actos notariales, “coadyuvan a la seguridad jurídica y a la certeza, tanto en los instrumentos cuanto a las relaciones de derecho que nacen, se desarrollan o expiran por medio de ellos. Los efectos de dicha fe, se sustentan además en la objetiva imparcialidad del escribano”, dice la definición oficial.

Desde el Colegio de Abogados de Chillán, su presidente Dalton Campos, quien dice estar a favor de la creación de estas nuevas entidades, estima que “el límite que debe existir entre las obligaciones de un fedatario y un notario lo determinan aquellas diligencias que ponen en juego la fe pública”.

El abogado chillanejo va más allá y plantea que para una mayor transparencia, este nuevo fedatario debería establecerse y designarse por concurso público, y no por designación directa, como sucede actualmente con los notarios que son designados.

“Lo ideal es que se asigne a las personas que tengan la mayor experiencia, la mejor capacitación y el que de acuerdo a los requisitos del cargo, cumpla con las mejores condiciones”, apuntó.

A diferencia de las oficinas fedatarias estadounidenses, en las que se permite a cualquier persona que cumpla con ciertas características de probidad y conocimientos específicos, las dirija, en Chile, el proyecto solo admite a abogados cumpliendo funciones de fedatario.

El notario Riesco plantea que por un asunto de idiosincrasia, en Chile no se podría llegar a los niveles de confianza que existe en los países anglosajones, que cuentan con fedatarios.

“Personalmente, creo que ningún notario está en contra de este proyecto, pero la fe pública es una cosa demasiado seria, y hay que definir muy bien y de manera muy cuidadosa cada uno de los aspectos, es decir funciones, atribuciones, entidades fiscalizadoras. Las indicaciones apuntan a algunas tramitaciones como las declaraciones juradas de soltería, declaraciones simples, o asuntos de estado civil, y esas no necesariamente las tiene que realizar un notario, de hecho, muchas se están haciendo también en el Registro Civil”.

Las posibles funciones que se encomendaría a los fedetarios son, en la actualidad, cerca de 25, pese a que los notarios habían solicitado que fueran solo 11.

Riesgo de notarías privadas

Otro factor que preocupa al gremio es el nivel de fiscalización que tendrían estas oficinas.

Joaquín Tejos, de la notaría del mismo nombre, plantea respecto a este punto que no ha quedado lo suficientemente claro si serán los mismos ministros de las Cortes de Apelaciones – que en Chillán cuenta con solo con tres a falta de un juez por designar- o que sean fiscalizadas por empresas de seguros, como sucede en el campo internacional.

“Nosotros somos controlados por la Corte de Apelaciones y nos visita un ministro cada dos meses, aproximadamente, para revisar nuestro funcionamiento. Nosotros sostenemos que sería grave que un fedatario no tenga ese tipo de controles”, advierte.

Sin embargo, el notario chillaneja plantea un escenario aún más delicado.

Si se entiende que, a diferencia de un notario, un abogado fedatario no estaría impedido de realizar otras funciones particulares en el ejercicio de la abogacía, como ocurre por ejemplo, con los jueces de Policía Local, algunos de estos podrían ser representantes legales de empresas particulares.

“Hay que tener cuidado con no privatizar la fe pública, porque como son abogados en ejercicio, limitados en el tiempo y nombrados a través de la Corte de Apelaciones, perfectamente un banco o una empresa podría tener bajo su alero a un fedatario. Empresas importantes podrían, en otras palabras, tener su propio notario con el título de fedatario”, sostuvo.

De todas maneras, el actual proyecto establece que “habrá fedatarios privados, que serán abogados que deberán cumplir con ciertos requisitos para certificarse, y fedatarios públicos, que serán los secretarios municipales de cada uno de los consistorios del país, o los oficiales del Registro Civil de cada zona”.

Por otro lado, se crea un Consejo Resolutivo de Nombramiento de Notarios, Conservadores y Archiveros, que tendrá como función resolver los nombramientos de estos, dejando atrás la discrecionalidad que caracteriza el sistema hasta hoy.

Asimismo, a contar de ahora, las ternas elaboradas por el Poder Judicial solo podrán considerar a los 10 mejores puntajes de cada concurso, así como se terminan los cargos vitalicios de los notarios, al poner un límite de los 75 años de edad para el ejercicio de la función, o estar 21 años en una misma notaría.

Desnotarizacion

Actualmente en Ñuble hay 12 notarías, de las que cuatro están en Chillán.

Bulnes, Coelemu, Huépil, San Carlos, San Gregorio, Quillón, Quirihue y Yungay, cuentan con la suya propia.

Por lo demás, hay dos más que están nombradas pero aún sin designar en la capital regional, otras en Chillán Viejo (que también contaría con un conservador de Bienes Raíces), Coihueco, y en la comuna de Pinto. Sin embargo, estos procesos están literalmente estancados.

La razón es que “la idea es que avancemos a este proyecto de oficinas fedatarias, más que estar abriendo nuevas notarías. Lo que queremos es avanzar a una desnotarización”, afirmó Jacqueline Guíñez.

Finalmente, en relación a este presunto “lobby” del gremio de notarios para frustrar la aprobación del proyecto (que los notarios locales dicen desconocer), conforme a la seremi, es esperable que haya presiones.

“Existe un problema de paradigmas. Algunos sienten que cambiar algo sería oneroso o muy complejo, o una desventaja. Y a ellos, se anteponen otras personas que critican lo antigua de la normativa y que creen ya muy necesaria una modernización”, comentó.

Felipe Ahumada

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