Fue en una de esas tantas reuniones que, años atrás, desde el Serviu invitaron a los representantes del comité de Vivienda Los Pinos, del sector Coleal Norte, en la comuna de Coihueco, que los ingenieros de la repartición pública, les presentaron los diseños ya aprobados de lo que serían sus nuevas casas.
Eran planos renderizados que daban cuenta de la espacialidad de la vivienda de dos dormitorios, cocina, living comedor y un baño que, en un global de 48 metros cuadrados, les comenzaría a edificarla Constructora Iraira (de Chillán).
“Incluso, se especificaba el nombre de las personas del comité a las que se les iban a asignar esas cosas, por lo que ya sabíamos quienes nos iban a tocar de vecinos”, comentó la presidente del comité Los Pinos, Norma Saavedra.
Y luego, nada. Nada.
“Ya estamos aburridos de tanta reunión, siempre que hay cambio de gobierno o de seremi nos llama alguien y nos vuelven a citar a reunión, nos prometen esto y lo otro, nos dicen que ahora sí que sí, para terminar siempre con lo mismo, con que hay una modificación que hacer, que hay algunos errores que corregir, que esto que lo otro y así llevamos más de 22 años esperando”, acusa.
El fenómeno se repite casi en las 21 comunas de Ñuble. Hay casos menos dramáticos, como los que presentan algunos comités en Quirihue o Cobquecura, sectores en los que sí hay avances claros y subsidios resueltos, por lo que el promedio de espera de los cerca de ocho comités que agrupan ambas comunas, no supera los cinco años.
Pero hay otros, incluso más complejos, como por ejemplo, el del comité El Sol, de Quillón, en el Valle del Itata, cuyos integrantes superan los 30 años de espera.
Las razones que explican esta situación son variadas y no todas tan obvias.
Una parte se puede explicar desde la burocracia, o de las exigencias en materia de estándares de construcción que se le exige al Minvu y al Serviu, sin tomar en cuenta lo alejado, lo amplio de los loteos o incluso las malas condiciones de los predios que les vendieron a estos pobladores que hoy son parte de la llamada “Cartera Crítica” de los comités habitacionales de Ñuble.
Los alcaldes y administradores municipales prefieren no dar por culpable a una sola entidad.
Mientras algunos, como Gastón Suazo (San Carlos) o Miguel Peña (Quillón) admiten que desde que Ñuble se transformó en región ha habido mucha más celeridad en el proceso, también advierten que hay mucho desconocimiento por parte de las personas respecto a cuáles son los trámites a realizar.
“Hay muchas personas que, por lo que nos hemos ido dando cuenta, contratan a gente que no se maneja bien en este tipo de tramitaciones, a gente que les ha prometido asesorarlos y finalmente resultaron ser gente oportunista y que no les dieron buenas soluciones, entonces, cuando presentan sus proyectos terminan rebotando en las direcciones”, advierte Suazo.
En otros casos, los llamados a licitación se han caído una y otra vez debido a que para las empresas constructoras no se les presenta rentable adjudicarse proyectos pequeños, de viviendas básicas y en sectores rurales demasiado alejados de los polos urbanos de cada comuna.
En el Minvu explicaron a LA DISCUSIÓN que “hay casos en que era más viable ir a construir a la Isla de Pascua”.
Por mientras, las cifras más actuales dicen que en Ñuble la demanda de viviendas bajó un 19% si se compara al 2022 con el 2017 (encuesta Casen) aunque también precisan que aún hay unas 19.357 familias en nuestra región que requieren de una vivienda, dividiéndose en 8.717 que habitan en lugares irrecuperables (considera a los hogares con construcciones deficitarias en calidad-materialidad de los muros o por su tipo, como carpas o mediaguas); 9.860 de hogares allegados, los cuales se clasifican como familias que viven en hacinamiento, o con ingresos inferiores a su capacidad de acceder a un arriendo formal y adecuado a sus necesidades habitacionales dentro de la comuna actual de residencia; 445 familias que viven en campamentos y 335 personas en situación de calle.
“Ahora, hace unos días nos llamaron del Serviu de nuevo. Al parecer supieron que íbamos a hablar con la prensa, y que teníamos pensado ir a meter ruido a Chillán, y nos dijeron que tenían buenas noticias para nosotros. Eso, ya lo hemos escuchado muchas veces antes. A ver si ahora es cierto”, dijo Norma Saavedra.
Terror al invierno
El administrador municipal de Coihueco, Russel Cabrera, quien se ha reunido de manera constante con los integrantes del comité Los Pinos, dice que “la preocupación de ellos es fundada. A ellos, prácticamente, los engañaron en el Serviu, cuando Ñuble todavía pertenecía a Biobío. Cuando nos convertimos en egión, les dijeron que lo mejor para ellos era anular el proceso que estaban trabajando con ellos y rehacerlo con el Serviu Ñuble, que todo iba a ser más rápido. Y el resultado, está a la vista”.
Mientras tanto, muchos de ellos han debido buscar espacios en casa de amigos o de familiares.
Otros, ya fallecieron en la espera.
“Lo más dramático es que, pese a que todavía no empieza el verano, ellos ya están preocupados por lo que les pueda pasar en el invierno. Me han dicho que el frío, las lluvias, el barro les hace las cosas muy pero muy difíciles, realmente le tienen terror al invierno”, agrega Cabrera.
Al respecto, Norma Saavedra relata que “acá tenemos un vecino que se debe alumbrar con parafina y saca agua manualmente desde un pozo. Otras familias se deben cambiar a cada rato de casas porque los dueños las venden, porque les piden las piezas por la llegada de familiares o por cualquier otra razón. Uno nunca sabe si el próximo invierno lo va a pasar donde está o en otra casa y ya van 22 años de lo mismo”.
La Cartera Crítica
El proyecto Los Pinos de Coleal Norte, corresponde a 12 familias de Coihueco, que recibieron subsidio en enero del 2014, bajo la modalidad que existía en la época, denominado grupos “sin proyecto”.
Desafortunadamente, en aquel momento los montos fueron insuficientes para financiar el proyecto, dado los altos costos que implicaba.
Durante ese tiempo y posterior se buscó homologarlos, es decir, traspasarlos del DS49 al DS10 (programa habitabilidad rural); aun así tampoco se lograba financiar el proyecto.
“Lo que hicimos en esta administración Serviu Ñuble cuando asumí en enero, fue hacerme cargo de un tema que se arrastraba desde hace años y buscar solución. Por eso hay buenas noticias: vamos a utilizar el mismo mecanismo de homologación pero con asignación directa de recursos del actual llamado”, explica el director regional del Serviu, Roberto Grandón.
El proyecto está aprobado, por lo que se espera generar un mecanismo excepcional para resolver el problema de estas familias.
“Este proyecto es parte de la la llamada cartera crítica de habitabilidad rural, donde hay otros comités de Coihueco, San Fabián y San Nicolás. Yo asumí este tema y me estoy haciendo cargo, estamos recogiendo los proyectos de cartera crítica para homologarlos y financiarlos de manera excepcional con recursos extras que se están gestionando desde el nivel central”, añade.
En el Servu ya se reunieron con casi la totalidad de los dirigentes de los proyectos de la cartera crítica, y para el caso de Coleal, la reunión se realizará la próxima semana.
“El objetivo de Serviu es trabajar con todos los comités y así se está haciendo, prueba de ello fue la reunión sostenida la semana pasada en Santiago con varios alcaldes de Ñuble, representantes de comités con el ministro Carlos Montes”, argumenta Grandón.
Empresas que estén dispuestas
Desde la perspectiva de la Cámara Chilena de la Construcción, las demoras en la obtención del subsidio habitacional para las familias postulantes son múltiples y se deben a diversas causas.
“Uno de los principales problemas radica en que, frecuentemente, las postulaciones se realizan de forma individual, sin contar con el respaldo de una empresa y una entidad patrocinante en forma grupal. Esto conduce a que, una vez obtenido el subsidio, las familias se enfrenten a la dificultad de encontrar una empresa que ofrezca viviendas compatibles con dicho subsidio”, explica el presidente del gremio en Ñuble, Ricardo Salman.
Es crucial, bajo su óptica, asociar tempranamente la demanda con la oferta.
“Idealmente, esto se logra mediante postulaciones grupales, organizadas por un comité y respaldadas por una entidad patrocinante. Estas entidades suelen trabajar con empresas constructoras que tienen historial exitoso. La identificación temprana de una empresa competente es esencial, ya que estas deben contar con la capacidad económica, financiera y profesional para llevar a cabo el proyecto”, explica.
Entonces, ante la falta de recursos como para satisfacer la necesidad completa, y entendiendo que no siempre los proyectos suelen ser atractivos económicamente para las empresas, “las empresas deben ser eficientes, dado que los márgenes de utilidad son bajos y los estándares de calidad y tamaño de las viviendas son exigentes”, complementa.
Este enfoque en condiciones óptimas puede tomar un par de años para aprobar el proyecto en el Serviu y adjudicar el subsidio.
“Hemos observado casos en los que las postulaciones individuales han llevado años sin éxito hasta que se opta por trabajar con una empresa. Este escenario es especialmente cierto para los DS. °19 o DS. N°49. En regiones altamente rurales, como la nuestra, con demanda habitacional en sectores apartados, las dificultades aumentan, especialmente al postular al subsidio rural DS 10, donde las familias ya cuentan con su terreno”, ejemplifica Salman.
Pero en estos casos, surge la dificultad adicional de la construcción en sitio propio.
Encontrar empresas dispuestas a abordar estos proyectos, en su mayoría pequeñas y medianas empresas afectadas por la situación económica, puede generar demoras adicionales debido a las condiciones restrictivas de financiamiento.
En estos casos, también la postulación grupal con una empresa y una entidad patrocinante de apoyo resulta un camino con mayor posibilidad de éxito.
Para la CChC Chillán, el abordar estos desafíos, requiere avanzar en la industrialización de la vivienda.
Esto implica contar con empresas que fabriquen en una planta y luego otras empresas instalen en terreno las viviendas. “La industrialización aporta eficiencia, menores costos y también beneficios para las empresas en términos de ser un mecanismos de pago más expedito por parte del Serviu, ya que no se requeriría de recepción municipal. Este enfoque contribuirá a atender a más familias de manera más rápida y eficiente”, plantea Salman.
Cambiar algunas exigencias
En el Minvu descartan que desde el Gobierno exista una política de preferencia por los comités que cuenten con más familias, respecto de aquellas que pueden ser incluso apenas una docena o incluso menos.
De hecho, el que se otorgue o no un subsidio no es discrecional de cada seremía, y -por el contrario- se establece por norma expresa una serie de criterios en cuyo cumplimiento o incumplimiento se encuentra la razón para que se realice o no un proyecto.
“Más que discriminación, el Ministerio está muy atento a poder trabajar con estos comités, por eso es que se crea el Programa de Habitabilidad Rural (DS10), el que vino a beneficiar a varias familias inscritas en comités de Ñuble que estén en estas circunstancias de ser pocos, en terrenos bastante grandes y en ubicaciones de terrenos bastante aisladas”, apunta el seremi del Minvu, Antonio Marchant.
El seremi advierte que existen en Ñuble, seis comités de viviendas que tienen beneficios de la administración anterior, los que nunca desarrollaron un proyecto para poder darle validez a esos subsidios. “Entonces, cuando se les da el valor unitario a cada una de las viviendas, nos encontramos con que eran demasiado caras para que hubiesen sido cubiertas por el Estado. Era más caro construir esos proyectos que construir en la Isla de Pascua”, sostiene.
En ocasiones, los terrenos no estaban habilitados para poder construir y habilitarlos exige nivelación de cota y los rellenos correspondientes, lo que encarece demasiado los proyectos.
“En otros casos, los loteos son muy grandes, como los de Coleal y San Antonio (Coihueco) que presentan sitios de mil metros cuadrados, por lo que la urbanización que exigen esos loteos hace todo aún más costoso, por eso le llamamos “carteras críticas”, agrega.
Lo que el Minvu resolvió respecto a estas carteras críticas es la solicitud de asignación directa al nivel central y comenzar las obras.
En síntesis, para el seremi Marchant, “creemos que no hay discriminación en este tipo de casos, pero sí hay una disminución en algunos criterios constructivos, que permitan que estos proyectos sean más viables, es decir, que la construcción de las calles tengan otro estándar, que las obras tengan niveles que permitan hacerlos más factibles”.
