Fue en enero de 2023, que el hospital Herminda Martín hizo noticia luego que un grupo de encapuchados ingresara amenazando al personal de seguridad del recinto asistencial, para ingresar a las dependencias y huir con un paciente, aún sin su alta médica, quien estaba en condición de detenido tras ser herido durante un asalto que protagonizó junto a otras personas.
Lejos de ser un caso aislado, en diciembre de ese mismo año, un funcionario de Gendarmería frustró la fuga de un reo, quien tras ser internado en este hospital, buscara escapar por la ventana de un baño. Más casos se constatan, por ejemplo, en 2017, cuando otro imputado quien fue ingresado con fractura de tobillo concitara un operativo especial, luego que familiares y amigos trataran de retirarlo por la fuerza del lugar.
Aunque este 2025 no se han registrado intentos de fuga, una situación casi sin precedentes motivó a que la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de Ñuble, concitara a un punto de prensa para pedir cambios urgentes al Código Procesal Penal (CPP), específicamente, al artículo 458 sobre los cuidados de personas con problemas de salud mental.
Y esa situación es que “este año hemos tenido hasta 13 servicios de hospital”, explicó el presidente regional de la Anfup, suboficial Cristian Montecinos.
El uniformado aclara que la mayoría de estos ingresos son por orden del Juzgado de Garantía, entendiendo que si durante una formalización, la defensa de un imputado alega alguna situación de enajenamiento mental, se debe constatar esta condición mediante un peritaje ordenado a la unidad de siquiatría del hospital, para entonces resolver si el imputado puede o no cumplir cautelares dentro de la cárcel.
“Lo que pedimos es que se cambien algunos aspectos legales para que Gendarmería asuma la custodia de los internos en siquiatría una vez declarada su imputabilidad y no antes como ocurre en la actualidad, porque estamos custodiando a personas que ni siquiera esta ingresados en la base de datos de Gendarmería, al ser presos preventivos tampoco tienen la calidad de imputados y por ende ante un intento de evasión tampoco se puede aplicar el protocolo de evasión establecido”, explicó.
Se desprende, por lo tanto, que lo que puede hacer Gendarmería en ese contexto, es una custodia inoficiosa debido a que los funcionarios no tienen mayores facultades más que la de realizar una vigilancia visual y el resto de los procedimientos deben ser adoptados por personal de salud en conjunto con los guardias del hospital.
Y, claro está, que la seguridad de los recintos de Salud, al no estar facultados para contar con armamento, no está en condiciones de cautelar la estadía de imputados ni de reos rematados.
Salud opta por tomar distancia
De todas formas, y mediante una escueta de parte de la unidad de comunicaciones del Servicio de Salud de Ñuble, la entidad aludida optó por no pronunciarse al respecto.
“Como instituciones de Salud, nuestra labor se centra en garantizar la atención de salud de todas las personas, independiente de su condición, conforme lo establece la normativa vigente. En relación con eventuales cambios legales sobre la custodia de imputados, aquello corresponde a otras instancias del Estado, por lo que no nos corresponde pronunciarnos.
Aunque a inicios de mes, eran 12 los casos que se contabilizaban en esta condición, actualmente, en el hospital Herminda Martín hay cuatro pacientes ingresados por orden del Juzgado de Garantía de Chillán. De ellos, tres están en la unidad de Salud Mental a espera de los peritajes ordenados.
