Luego de conocerse los resultados de la investigación realizada por la Contraloría Regional de Ñuble, que determinó que algunos trabajadores de la Dirección Municipal de Salud, entre ellos su directora Ximena Meyer, habían recibido sobresueldos que en conjunto alcanzaban los $219 millones de pesos, el alcalde de Chillán, a través del administrador municipal, Richard Guzmán, anunció que instruiría un sumario contra quienes figuraban como receptores de estos pagos ilegales.
Pese a esto, en la Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal (Afusam), solicitaron una reunión con el jefe comunal, Camilo Benavente, para solicitarle celeridad en este proceso. Exigencia que podría estar acompañada de un anuncio de paro en todos los Centros de Salud Familiar de la comuna, si no se concreta este proceso.
[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ expand_text=”Leer más” collapse_text=”Menos” inline_css=”width: 100%” ]Así lo confirmó la presidente de la Afusam de Chillán, Mónica Salazar, quien dijo a La Discusión que “nosotros hemos recibido de manera indirecta, ciertos hostigamientos luego de conocida la resolución de la Contraloría. Me han llamado colegas para advertirnos que hay personas que andan diciendo que van a tomar represalias. De todas maneras, nosotros creemos que las personas que están claramente individualizadas en el informe, deben ser suspendidas de su cargo mientras dura el sumario”.
La Afusam, en efecto, presentó las denuncias a la Contraloría con el objetivo de que se aclarara otra irregularidad, como la diferencia (también constatada en el informe del órgano contralor) de cerca de $480 millones de pesos en materia de remuneraciones obtenidas por quienes trabajan en la Dirección de Salud Municipal, respecto a los otros funcionarios de salud, considerando que conforme a las leyes vigentes deben recibir idéntico pago, de acuerdo con la labor que cumplen y el grado que ostentan en el ámbito estatal.
Hechas las consultas respectivas en la Municipalidad de Chillán, en esta ocasión el alcalde, mediante su canal de comunicaciones, optó por no referirse al tema, hasta concluida la reunión de anoche.
De todas maneras, y de manera muy escueta remarcaron que la investigación en cuestión data del 2018 al 2021, es decir durante la administración municipal anterior y no de la actual; además de anticipar que “como municipio no podemos permitir que se realice un paro en nuestro sistema de salud”.
Toallas con sangre
Uno de los hechos que mayor repudio generó tras conocerse el resultado de la investigación, fue que al día siguiente, desconocidos arrojaron toallas con sangre en el frontis de la casa de la presidente de Afusam, Mónica Salazar.
La dirigenta dice que “no le puedo decir que una cosa es consecuencia de la otra, ni tampoco sé -evidentemente- quién hizo esto ni por qué. Pero es cierto, y hasta tengo las fotografías”.
En el concejo municipal dicen que “no se debe bajar el perfil de esto. Si bien no es posible asegurar autorías ni las causas, no es posible que estas cosas ocurran, no es la manera en que debe funcionar el servicio público. Realmente, me parece un acto muy grave”, dijo el concejal Juan Pablo López, quien conversó telefónicamente con la dirigenta.
Quien también criticó lo ocurrido fue la concejal Quenne Aitken. “Este tipo de abusos hacen que los funcionarios públicos tengan temor a denunciar. Personalmente, he denunciado que existen abusos de poder dentro del municipio, pero es el temor lo que impide que las denuncias prosperen”, dijo.
Respecto a la necesidad de suspender a los involucrados en el sumario, como lo proponen en la Afusam, añadió que “un municipio que públicamente se ha comprometido con la transparencia debe asumir todas las medidas necesarias, incluyendo el tener que separar del cargo los funcionarios que están bajo investigación hasta que se demuestre la verdad”.
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