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La exconcejal y exfuncionaria pública, Graciela Suárez, es quien hoy encabeza un proyecto para recuperar el proyecto de la Villa Jesús Niño, idea de la que fue parte del equipo fundador original, pero que con el tiempo soltó, especialmente cuando dejó, por ley, de funcionar como voluntariados, pasando a una red Sename, normada y burocrática.
Sin embargo, cuenta que “cuando vi en la prensa que el proyecto se iba a cerrar, esto fue el año pasado, conversamos con otros de los socios fundadores y decidimos hacernos cargo”.
Vuelve en diciembre y, tal como lo certifican las visitas del Poder Judicial descritas en un informe anual, “la villa estaba irreconocible, deprimente, con las casas en muy mal estado, pero lo más complejo de todo era que los niños ahora son distintos, vienen con daños muy severos, muchos de ellos abusados, vulnerados por su propia familia y hasta con problemas de droga”.
Hoy la Villa Jesús Niño tomó sus propias y nuevas metas, pero deben hacerlo con las reglas actuales, todas normadas legalmente. “Son reglas estrictas, harto papeleo y donde en definitiva quién decide quién ingresa es un tribunal, por lo tanto estamos buscando mejorar en los aspectos técnicos requeridos, como conseguir recursos para contratar equipo sicosocial”, comenta.
Para esto, a diferencia de lo que se estilaba en décadas anteriores, se debe postular a recursos públicos mediante diversos proyectos concursables, lo que ya han comenzado a poner en marcha.
“Una de nuestras primeras metas es poder refaccionar y habilitar nuestras 10 casas, las que hay en la villa, porque hay cuatro que están inutilizables” apunta la exdirectora de Prodemu.
Daños administrativos
La exconcejala asegura que dentro del equipo laboral de la villa “solo había gente buena, así que no tuvimos que remover a nadie. Pero también hubo otros, que habiendo trabajado antes, quisieron volver y les dijimos que no, porque hicieron daño”.
En este punto destaca a un exadministrador, bajo cuya tutela se habrían extraviado más de $50 millones, ya sea dinero que se recibía como aportes o vendiendo propiedades y terrenos que les habían donado.
Por otra parte, “cuando desde Alemania la agrupación que los sustentaba les dejó de enviar dinero, ellos no supieron adecuarse al sistema vigente, no presentaron proyectos ni supieron buscar recursos públicos, por lo que todo se empezó a desmoronar. Eso es algo que estamos recuperando ahora”.
Recuperar la marca
“Somos una agrupación laica”, dice. Y se separa así del Obispado, en especial de las trabas que encontraron en la época del obispo Carlos Pellegrin, quien hasta les quitó la oficina que ocupaban ymostró nulo interés en la villa.
Y también de la imagen pública de quien fuera su socio fundador, el exsacerdote Osvaldo Salgado, quien fue expulsado de la Iglesia tras diversas denuncias en su contra por abusos sexuales a menores de edad, los que fueron acreditadas por el Vaticano.
“Eso fue algo realmente doloroso para todos nosotros. Un golpe muy fuerte, pero él fue sancionado, ya no es parte de este proyecto”, comentó.
Pese a todo, Graciela Suárez quiere volver a conseguir un compromiso social de la comunidad chillaneja, de las empresas y todos los actores sociales “porque esta idea no se puede perder por malas administraciones, hay que recuperar la marca, la imagen. Después de todo, uno nunca, como padre, puede abandonar un hijo en ninguna circunstancia”.
