Desde que asumieron los gobernadores regionales, en julio de 2021, la demanda de estas nuevas autoridades ha sido contar con mayores atribuciones para llegar antes y mejor que el gobierno central con respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
Con el correr del tiempo, han ido adquiriendo algunas responsabilidades que si bien aún no son todas las que quisieran, han permitido darle una mayor razón de ser a este nuevo cargo.
Por ejemplo, en un sentido amplio, los gobiernos regionales debieran tener en su administración y gobierno todas aquellas materias que hoy día competen a las seremías de Transporte, Obras Públicas, Desarrollo Social, Cultura y Economía.
En algunas de estas áreas se ha avanzado.
“Hace un poco más de ocho meses iniciamos el proceso de conversación y análisis que permitiera a los gobiernos regionales asumir competencias en diferentes materias, con un énfasis claro en aquellas que apuntan a un ordenamiento de las ciudades, como también aquellas que facilitan el desarrollo productivo, todo con el propósito de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en nuestro territorio”, sostuvo el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, quien fue enfático en precisar que desde los gobiernos regionales han propiciado un traspaso responsable, “pues no queremos asumir más trámites y competencias que no fortalecen el desarrollo de las regiones, agregando sólo mayor burocracia. Estamos centrados en apuntar hacia el desarrollo, a responder a la realidad de cada región, y a que la toma de decisiones estratégicas sea analizada con pertinencia local, y para eso, el rol de los gobernadores y gobernadoras es clave; como también lo es que el gobierno central cumpla su compromiso”, afirmó.
En el caso específico de Ñuble, que nació con un déficit estructural de dotación e infraestructura pública, la autoridad fue clara en señalar que no requieren en estos momentos de más competencias, sino de competencias más fuertes.
“Nosotros también queremos cautelar la transferencia de las competencias, porque mientras no se nos dote de mayor infraestructura, dotación, la verdad que hacerse cargo de todo, finalmente puede generar una crisis en las regiones, más que facilitar el día a día. Recordemos lo que nos pasó cuando nos traspasaron la competencia del corte de tránsito de las calles. La verdad es que lo único que hacíamos era tener dos funcionarios durante todo el día autorizando el corte de tránsito, y no generaba ningún cambio en el desarrollo de la región. Nosotros, lo que hemos dicho, es que queremos menos competencias, pero competencias más fuertes, que permitan efectivamente modificar el ritmo de una región”, planteó.
Según Crisóstomo, “cada vez que la discusión plantea el traspaso de poder, surgen voces que intentan enlentecer los procesos, porque históricamente hemos sido una nación muy centralizada; y es justamente lo que busca derrotar nuestro proyecto, que sean las regiones, con sus autoridades elegidas de forma directa y popular, quienes decidan el rumbo que deben tener los territorios en concordancia con la realidad, los problemas y fortalezas de cada región”, aseveró.
Competencias traspasadas
En esta línea, hace pocos días se constituyó el Comité Regional de Capacitación, que surge de una competencia traspasada desde el Ministerio del Trabajo, que permitirá definir las políticas y planes de formación de los trabajadores de la región, con foco en nuestra matriz productiva y apuntando a la resolución de los problemas que hoy nos aquejan como territorio.
“Esto lo conseguiremos con un comité integrado por diferentes actores públicos y privados, liderados por el Gobierno Regional, con una clara voluntad de aumentar el número de personas capacitadas, lo que impactará positivamente en mejorar las remuneraciones, y apuntará también hacia las misiones que nos hemos trazado como región”, sostuvo Crisóstomo.
Lo mismo ocurre con la solicitud que realizó el Gobierno Regional de Ñuble para liderar la implementación de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, que desde Ñuble se quiere impulsar junto a la creación del Centro Integral de Emergencias.
“Esto permitirá vincular la respuesta oportuna y unificada de los diferentes servicios que trabajan en la emergencia, con la gestión de la movilidad urbana, apostando a ciudades planificadas, con uso de la inteligencia en la gestión del tránsito, en absoluta pertinencia con nuestra realidad demográfica, lo que se consigue aplicando una buena gestión urbana. Nuestros equipos ya están trabajando en el diseño para poder asumir esta nueva competencia en los próximos meses”, afirmó el gobernador regional.
En tanto, en el caso de las competencias traspasadas desde el Ministerio de Bienes Nacionales, recién el 3 de agosto se publicó en el Diario Oficial la ley que transfiere a los gobiernos regionales la tramitación de las concesiones gratuitas sobre bienes fiscales, que tendrá en su primera fase un período de tres meses para su implementación, considerando también el personal que estará a cargo. “Tanto esta competencia, como la que en el futuro permitirá a los gobernadores presidir la Comisión Evaluadora Ambiental, responden también al mismo principio que hemos sostenido desde el liderazgo que hoy nos toca asumir, y que no es otra cosa que la toma de decisiones escuchando a la ciudadanía, con total pertinencia del territorio y pensando en el bienestar de sus habitantes, pero también en el desarrollo que permita una descentralización y un crecimiento regional efectivo”, manifestó la autoridad.
Daño severo al proceso descentralizador
Si bien el traspaso de competencias se ha visto transversalmente como un acto de justicia hacia las regiones, el escándalo de los traspasos sin control de recursos hacia algunas fundaciones, podría ralentizar la discusión sobre el proceso de descentralización que vive el país.
Según el profesor titular y exrector de la Universidad de La Frontera, y past president de la Fundación Chile Descentralizado, Heinrich von Baer; “se le ha hecho un severo daño al proceso descentralizador”.
“Para alcanzar el desarrollo, Chile necesita descentralizar. Nuestro país sigue siendo el más centralizado de América Latina y de la OCDE, con un Estado estructurado en forma vertical, sectorializado, burocrático e ineficiente, demasiado distante de los gobernados, cada vez más disfuncional y obsoleto a las dinámicas del siglo XXI, las que requieren de una distribución mucho más horizontal del poder, del conocimiento y de las oportunidades de desarrollo humano para poder desplegar todo su potencial de desarrollo humano y productivo”, aseveró.
Para superar las barreras estructurales de nuestro todavía muy enraizado centralismo, dijo, “es necesario dotar de más poder político, competencias y recursos de decisión autónoma, en definitiva, de más autonomía a los gobiernos locales y regionales, desde luego en el ámbito de sus competencias, para así trasladar las decisiones a una mayor cercanía, beneficio y equidad de las personas y de su calidad de vida”.
Esto significa también fortalecer las capacidades de gestión de las municipalidades y los gobiernos locales, de las instituciones públicas, privadas, académicas y sociales, así como de las organizaciones de la sociedad civil, como brazo esencial para extender y agilizar el rol del Estado en beneficio del bien común del conjunto de la sociedad.
“Es así como luego de décadas de una persistente resistencia a compartir poder, competencias y recursos con los niveles subnacionales, Chile finalmente logró poner en marcha una gradual agenda descentralizadora, iniciada con la elección democrática de los gobernadores regionales, en reemplazo de la cada vez más disfuncional figura de los intendentes designados y su falta de estabilidad para liderar los procesos de desarrollo de sus respectivas regiones. Luego, a fines de 2022, se introdujeron importantes y largamente esperadas medidas de flexibilización presupuestaria, que abrieron mayores espacios de gestión autónoma a los gobiernos regionales. A su vez, en el primer semestre del 2023 se aprobó la ley del royalty minero, que aportará significativos recursos para el desarrollo de las comunas y regiones, particularmente las más vulnerables y rezagadas, a la que se agrega la ley de rentas regionales, todavía en trámite legislativo”, sostuvo Von Baer.
En el marco del proceso Constituyente, sostuvo el académico, “nuestra tarea común es pensar y construir un Chile bueno para vivir, -pero no sólo para algunos- sino que para todos sus habitantes, -y no sólo en algunas- sino que en todas sus localidades. Ello significa un país con equilibrio y equidad, en lo político, social, económico, territorial y ambiental, es decir, un Chile justo, digno y desarrollado del Siglo XXI, en el que caben e interactúan colaborativamente proyectos políticos y de desarrollo territorial diversos. Ello requiere de un Nuevo Pacto Político, con un Nuevo Trato, tanto social como territorial, capaz de reducir nuestras todavía severas desigualdades, sociales y territoriales -las que se potencian y retroalimentan recíprocamente, reforzando el círculo vicioso de nuestro subdesarrollo, es decir, un Estado moderno, capaz de superar la pobreza y de recuperar y fortalecer nuestra democracia para la ciudadanía”, advirtió.
Lo anterior, planteó, “significa definir y construir un nuevo Modelo de Estado, unitario-descentralizado, unitario sólo en lo esencial, sobre un territorio único e indivisible, e integralmente descentralizado, con comunas y regiones dotadas de poder político, facultades administrativas y recursos financieros de decisión autónoma en el ámbito de sus respectivas competencias, capaces de asegurar servicios básicos de calidad a todos sus habitantes, en materia de educación, salud, seguridad, vivienda, transporte, conectividad, cultura, deporte y recreación”.
Al respecto, añadió, “el conjunto coherente de normas y principios Constitucionales de descentralización y equidad territorial aprobados transversalmente en el anteproyecto entregado por la Comisión Experta, significan un hito histórico de gran relevancia, un antes y un después del tan necesario y complejo proceso de gradual, efectiva y responsable descentralización política, administrativa y fiscal. Este anteproyecto marca una significativa diferencia de lo que en materia de descentralización admite la Constitución todavía vigente, avance que esperamos ahora se pueda perfeccionar adicionalmente y consolidar”, mencionó.
“No es momento para sobrerreaccionar”
Para Heinrich von Baer, “un uso poco prolijo de los espacios de flexibilización presupuestaria y mayor autonomía abiertos por primera vez por la ley de presupuestos 2023, junto a las menores exigencias de antigüedad, experiencia técnica y solvencia aplicadas a las organizaciones de la sociedad civil (fundaciones, corporaciones), en algunos actores lamentablemente no se encontró con la correspondencia de estricta probidad y responsabilidad de gestión en el uso de recursos públicos. Como consecuencia, se produjo una inicial sobrerreacción de la Contraloría General de la República, de efecto paralizante, y en algunos casos, devastador sobre el buen avance de muchas importantes iniciativas muy necesarias para el bien común, impulsadas por una gran cantidad de experimentadas e intachables organizaciones de la sociedad civil”, sostuvo.
Estas acciones, expresó, “además generaron una reacción de generalizada desconfianza al sentido y beneficios del tan necesario gradual y responsable avance del proceso descentralizador, ahora capitalizado por quienes no creen o no quieren que Chile se descentralice porque afecta a sus intereses cortoplacistas o electoralistas. Ello genera un manto de dudas a los fundamentos y beneficios de una efectiva descentralización, con el riesgo inminente de su debilitamiento, paralización o incluso retroceso de lo avanzado. Todo ello afecta a la convicción y voluntad de los actores políticos, académicos y sociales, y en general, al estado de ánimo de las comunidades regionales y locales. Además, pone en riesgo el buen avance legislativo y la puesta en marcha de leyes tan importantes como la del royalty minero y la de rentas regionales. Pero sobre todo, pone en riesgo el tan significativo, completo y promisorio avance que en materia de descentralización se ha logrado en el anteproyecto de nueva Constitución aprobado transversalmente por la Comisión Experta”, manifestó.
En consecuencia, aseveró Von Baer, “no es el momento de sobrerreaccionar, de reducir los espacios de mayor autonomía local y regional, ni de debilitar, demorar o incluso retrotraer el proceso descentralizador, esperado y necesario para alcanzar el anhelado desarrollo con equidad social como territorial. Tampoco es el momento de desprestigiar y desmotivar injustamente el tan valioso y necesario aporte de fundaciones y corporaciones. Muy por el contrario, como lo demuestra la experiencia comparada de los países hoy descentralizados y desarrollados, la ecuación a construir es, por una parte, modernizar el aparato público en todos sus niveles (central, regional, local), diferenciando entre administración con horizonte y ética de Estado, y gestión política de los gobiernos de turno, con responsabilidad fiscal multinivel (central, regional, local). Y por otra, fortalecer las capacidades, la inteligencia creativa y agilidad de gestión de las municipalidades y de los gobiernos locales, al tiempo de introducir estándares más exigentes de transparencia, probidad y rendición de cuentas a las organizaciones de la sociedad civil como condición para su acceso a recursos públicos”, sentenció.
