Funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito tendrán los gobiernos regionales (Gores) a partir de la aplicación de un proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y enviado a segundo trámite al Senado.
La iniciativa surgió del Compromiso Transversal por la Seguridad suscrito en abril de 2023 con la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile (Agorechi). Corresponde, además, a un anuncio de la cuenta pública Presidencial de 2023, y es parte de la Agenda de Seguridad Pública.
La propuesta, en concreto, incorpora a los Gores la función general de “diseñar, aprobar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos en materia de prevención social, situacional y comunitaria del delito”. También, en materias de atención y asistencia a víctimas en la región. Estas acciones deberán ser coherentes con la Política Nacional de Seguridad Pública y las directrices del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Según el gobernador regional de Ñuble, Óscar Crisóstomo, “esta iniciativa nos otorga mayores facultades en materia de seguridad a todos los gobiernos regionales del país. Fue un proyecto que fue aprobado de manera amplia, y estas medidas responden directamente a nuestra constante preocupación para poder ver estos temas, y poder, junto con eso también, ayudar a tener mayor autonomía para enfrentar los desafíos de seguridad que conocemos profundamente gracias al contacto permanente que tenemos con las municipalidades, con las policías, y con las comunidades”.
La autoridad recalcó que esta iniciativa “nos permitirá fortalecer aún más los proyectos e inversiones que hemos desarrollado en materia de seguridad, como el sistema de vigilancia, infraestructura, equipamiento policial, que todos en su conjunto son más de $20.000 millones que hemos invertido en los últimos años, incluido lo que va a ser la central de la PDI, que debería licitarse durante el presente año. Esto nos permite tener facultades explícitas para diseñar, aprobar y ejecutar programas orientados a la prevención del delito. Podríamos actuar con mayor rapidez y pertenencia, respondiendo oportunamente y sin burocracia a las necesidades reales de nuestras comunidades”, expresó.
Crisóstomo resaltó especialmente que “este trámite contó con el voto favorable de todos nuestros parlamentarios y de todos los diputados de nuestra región de Ñuble, reflejando un amplio respaldo político ciudadano sobre la descentralización efectiva, particularmente en materia de seguridad, donde tenemos que estar todos juntos y unidos combatiendo la delincuencia. Desde Ñuble registramos nuestro compromiso para seguir trabajando coordinadamente con todas las instituciones, tal como lo hemos hecho hasta el día de hoy, porque estamos seguros que de esta forma estamos cambiando la vida a las personas”, manifestó.
Oficializar el trabajo
Para el gobernador regional de O´Higgins y presidente de Agorechi, Pablo Silva, lo aprobado “es parte de lo que estábamos solicitando los gobiernos regionales para tener incidencia en lo que es la seguridad pública en cada una de las regiones. Si bien es cierto, este proyecto nos entrega algunas facultades, siempre queremos estar incidiendo mucho más en el accionar de cada una de las regiones. Básicamente se nos entregan las facultades para crear planes y programas de seguridad pública en la región con todos los estamentos. A nivel nacional, durante el período anterior los gobernadores invirtieron más de quinientos mil millones de pesos en seguridad, y lo que queremos es mantener ese nivel. Hay distintas iniciativas, por ejemplo, nos va a permitir tener una división especializada en el tema de seguridad, además de la facultad de poder capacitar. Estamos expectantes de lo que vaya a pasar en el Senado, para poder avanzar, tener definitivamente aprobada la ley y poder implementar en cada uno de los gobiernos regionales la división de Seguridad Pública”, sostuvo.
Añadió que “esto también nos va a permitir trabajar directamente con instituciones como la Policía de Investigaciones, la Fiscalía, y oficializar lo que estamos haciendo, para mejorar lo relativo a tecnología, equipamiento, infraestructura, etc. Cada gobierno regional tiene sus prioridades, pero yo diría que en la totalidad de ellos la seguridad pública es uno de los temas principales que se están abordando”, mencionó.
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