Más allá de las políticas partidarias, el ciudadano tiene derecho de exigir, a quienes deliberan en su nombre, lo hagan en beneficio de las personas que los eligieron y, en términos más amplios, de la sociedad en general.
La realidad, sin embargo, nos está demostrando todo lo contrario. Ayer, por ejemplo, en medio de la polémica originada por la ley que establece que las distribuidoras eléctricas tienen la obligación de implementar los nuevos medidores inteligentes y cuyo financiamiento será mediante un alza en las tarifas a los usuarios, el exministro de Energía, Máximo Pacheco, admitió que esta iniciativa “fue un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado”, durante el Gobierno del que el mismo formó parte.
En efecto, la ley 21.076 que modificó la normativa de servicios eléctricos y cambió la propiedad de los medidores desde los clientes a las distribuidoras, surgió de una moción de un grupo transversal de parlamentarios que buscaba obligar a las empresas a re-poner los medidores y empalmes tras los daños generados por el terremoto que afectó a la zona norte del país en 2015 y fue aprobada en el Parlamento en enero de 2018, cuando al frente de la cartera de Energía estaba Andrés Rebolledo, el sucesor de Pacheco.
Y fue allí, entre la incompetencia de dos poderes del Estado, que se “cocinó” una iniciativa que le reportará nuevas ganancias a las empresas distribuidoras que ya cuentan con una serie de garantías derivadas de la condición de monopolio regulado en que operan. Legislar tiene que ver con la realidad del país y con la vida de las personas e incluso, en el precepto avanzado de este acto, ahora se habla de legislar bien, es decir, con razón o acertadamente.
Como se puede ver, aquí nada de ello ocurrió, pues ya sea porque se quiso deliberadamente favorecer a grandes empresas o porque faltó el debido razonamiento, el resultado es un perjuicio para los consumidores que sus responsables difícilmente reconocerán, y que se suma a muchos otros casos de normas que una vez promulgadas resultaron ser lesivas para los ciudadanos (as), produjeron una burocracia innecesaria o fueron derechamente inoperantes y difíciles de aplicar por estar mal formuladas.
Se trata de un problema de “calidad legislativa” que inevitablemente conduce a examinar la naturaleza del reclutamiento político, pues mientras hace 20 años existía aún una elite de políticos de carrera con una larga trayectoria, en la actualidad esa casta está prácticamente extinguida y el debate legislativo se sigue deteriorando con resultados como este “golazo” que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado.